jueves, 26 de enero de 2017

Chile: SQM comprometida en hechos irregulares

Una posición privilegiada y sin sobresaltos a la hora de las decisiones políticas e institucionales que pudieran afectarla, habría logrado por años SQM financiando irregularmente a distintos parlamentarios, ministros, asesores, partidos y un sinfín de actores que, de una u otra forma, podían influir en el negocio de la minera no metálica liderada por Julio Ponce Lerou. Al menos así se desprende de las investigaciones del Ministerio Público que han ido develando una red de poder e influencia alimentada por la compañía que por años mantuvo un bajo perfil.

Todo cambió cuando se destaparon distintas hebras del escándalo de las plantas políticas.

Poco antes de eso, y durante el gobierno de Sebastián Piñera, SQM había empezado a ser cuestionada por el caso Cascadas y también por el propio Estado a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad dueña de 28.054 pertenencias mineras OMA en el salar de Atacama, pieza fundamental de la compañía.

En 2013, Corfo inició un proceso de arbitraje por incumplimientos en el contrato que le permiten a SQM explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar -principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio-, conflicto que fue ahondado por la actual administración liderada por Eduardo Bitrán, a través de una demanda arbitral interpuesta en mayo de 2014, tras la cual incluso se solicitó el término anticipado del contrato, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Húmeres.

No es la única acción legal interpuesta por Corfo contra la firma. En agosto pasado, una segunda demanda arbitral tiñó la tensa disputa entre la estatal y SQM. Esta vez se cuestionaba el contrato que establece las condiciones en que debe operar la minera no metálica para poder explotar litio en dicho salar.

Las acusaciones impulsadas por la estatal revelaban la silenciosa jugada que, a vista y aprobación del propio fisco, logró que SQM dejara, en la práctica, la explotación del salar de Atacama en sus manos mucho más allá del término del contrato con el Estado.

Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030.

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