La minería del país, de manera general, atraviesa por una delicada situación de marcada incertidumbre, por una prolongada restricción en materia de precios en los mercados internacionales y en el orden interno con pocas expectativas para su impulso desde el frente oficial tratándose de la minería estatal, mientras que hay menos alternativas de aumentar la producción en el caso de la minería privada, mediana y chica, con muchas dudas sobre futuras inversiones, pues las reglas de juego no se han aclarado, en tanto que en el sector cooperativo la situación es de franca debacle, como lo reconocen los observadores próximos a este sistema productivo nacional y los propios actores de este último subsector.
En el caso de las cooperativas mineras, se hacen esfuerzos por restablecer las relaciones entre el sector, a través de una nueva dirigencia nacional y el Gobierno, que, con un anuncio del Presidente, abre una puerta para reiniciar negociaciones aunque en ningún caso se dejó entrever la posibilidad de modificar el sentido de los decretos en vigencia, normas que las cooperativas tendrán que cumplir inexorablemente, para sobrevivir al cambio de su estructura administrativa.
Pese a una serie de anuncios que fueron emitidos durante la gestión que entra en la última fase de su vigencia, con poco menos de dos meses, no se han cumplido los anuncios principales, se mantienen los sistemas de explotación tradicional, con el uso de antigua maquinaria, es muy poca la renovación tecnológica en el sector minero estatal, mucho menos en las cooperativas y sólo hay avances muy tímidos en la materia hablando de la minería privada.
Si bien los índices de producción favorecen al sector mediano privado, es notoria una baja que se registra en el último periodo, atribuyendo tal situación a las dudas que existen sobre posibilidades de mayor inversión, al no darse condiciones apropiadas para ese fin, mientras no se aclaren las reglas de juego, con la Ley 535, cuyo reglamento no es aprobado y deja un vacío, especialmente cuando se trata de seguridad jurídica y establecimiento claro de materia tributaria, dos aspectos que deberían aclararse para mejorar la producción minera privada.
La situación presente es en realidad "la explosión" de un problema que se lo veía aunque de soslayo porque sus resultados negativos eran absorbidos al interior de cada subsector, que con la caída de los precios, se hicieron patéticas, por ejemplo, en parte de la minería estatal al no cumplir metas productivas con un balance entre costos y utilidades, en la minería chica privada se develó la crisis, pidiendo con urgencia un fondo de apoyo, la misma situación, pero con mayor gravedad afectó a las cooperativas, carentes de un capital de operaciones para emergencias y condiciones apropiadas para mantener su labor de extracción minera rentable.
La minería privada mediana, sale a flote en la crisis gracias a medidas de previsión, soporte financiero oportuno y planes de austeridad para contrarrestar la caída de los precios, además de una cautelosa posición en materia de nuevas inversiones, en tanto se defina una verdadera política nacional minera.
Así están las cosas, muy evidentes y con algunos alentadores anuncios, aunque repetitivos, como la implementación de las plantas refinadoras de zinc, proyectos que al ser iniciados salvarían en algo la gestión que llega a su fin.
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