miércoles, 16 de septiembre de 2015

AJAM lleva control estatal minero a Beni y Pando

El Estado ahora ejerce mayor presencia para un mejor control de la actividad minera en una región como Beni y Pando donde se sabe que existe la explotación ilegal de oro.

La entidad encargada de la fiscalización es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), institución de reciente creación que este año implementó dos direcciones de nivel desconcentrado en la región amazónica, que entre otras actividades, también facilitará los trámites a los operadores mineros legalmente establecidos.

“Se hacía muy necesario de que haya presencia de Estado en estos departamentos (Beni y Pando) (...) donde hay mucha actividad minera ilegal”, sostuvo a Cambio el director ejecutivo de la AJAM, Carlos Soruco.

Explicó que en el caso de estos dos departamentos, todos los trámites de otorgación de derechos mineros, entre otros, son atendidos en La Paz, lo que hace muy dificultoso para la dirección paceña manejar las necesidades de otras dos regiones, además de los problemas relacionados a la distancia.

Esto también constituye una dificultad en el ejercicio de la fiscalización a la actividad minera en el norte boliviano, donde se sabe que incluso existen personas y empresas extranjeras que explotan los minerales bolivianos de forma ilegal en los ríos que atraviesan Pando y Beni, explicó Soruco.

La AJAM tiene programado realizar neuvos operativos de fiscalización en la amazonía, tomando en cuenta que ya realizó esta tarea hace un par de semanas an algunos ríos como el Orton y el Madre de Dios.
Para los siguientes operativos el regulador minero coordina acciones con la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), unidades del Ejército y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuya finalidad es combatir la minería ilegal.

Una vez que se detecta, identifica e interviene una empresa o cooperativa ilegalmente establecida, Soruco manifestó que la la ley permite a la AJAM de proceder a la destrucción o inhabilitación de las barcazas o dragas utilizadas para la explotación ilegal de minerales en los ríos, además de formular cargos penales a los propietarios o responsables mediante el Ministerio Público.

“La minería ilegal está penalizada con penas privativas de libertad de cuatro a ocho años y también existe el resarcimiento económico por el daño económico que puedan causar estas empresas, atnto al medio ambiente o por sacar los recursos naturales”, declaró Soruco.

La AJAM viene desarrollando una lucha frontal contra las actividades mineras ilegales desarrolladas en todo el territorio nacional, entre otras actividades.

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