La Ley 535 de Minería y Metalurgia, que demoró más de tres años en su elaboración, tratamiento de socialización y su aprobación a fines de mayo pasado, es norma vigente pero no aplicable en la práctica de la actividad misma del sector productivo minero y metalúrgico porque carece del complemento ineludible que es su reglamentación.
El Artículo 1 (Objeto) de la Ley Minera 535, señala: "La presente Ley tiene por objeto regular las actividades minero metalúrgicas, estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas de manera responsable, planificada y sostenible; determinar la nueva estructura institucional, roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores productivos mineros y disponer las atribuciones y procedimientos de la jurisdicción administrativa minera, conforme a los preceptos dispuestos en la Constitución Política del Estado".
Ese primer artículo es concluyente en el sentido de su aplicación normativa futura, por lo mismo que merece un tratamiento especial a partir de establecer principios, lineamientos y procedimientos para su cumplimiento.
Hay que recordar la apreciación directa que pronunció el Vicepresidente del país a tiempo de promulgar la Ley, en un acto que se cumplió precisamente en Oruro, señalando que "la Ley reconoce a tres sectores, privado, estatal y cooperativo, recogiendo sus derechos y garantías" aclarando empero que "cada cual tiene su tarea y su función respectiva. Los privados tienen derecho a invertir en Bolivia, pero deben pagar buenos impuestos al Estado para que esas utilidades se inviertan en escuelas y hospitales" aseguró la autoridad.
Fueron más las otras recomendaciones, por ejemplo cuando se expresa que "los privados son bienvenidos, se garantizarán sus inversiones y estos deben garantizar los derechos laborales", se puso énfasis en algo que ahora tiene otro sentido en la praxis, cuando el segundo mandatario apuntó que "nunca vamos a permitir que (los privados) ocupen una labor política". En cuestión de pocos meses hay una abierta participación política de los sectores mineros de asalariados y cooperativistas, mostrando la otra cara de la medalla.
En función de la ley sobre la actividad de las cooperativas se explicó que estos tienen el derecho de ocupar áreas y vetas importantes y que su trabajo está garantizado de manera permanente pero se aclaró que "la misión del sector (cooperativos) es mejorar su tecnología, para enfrentar y soportar los bajones en los precios internacionales de minerales".
En cuanto al sector de la minería estatal y más propiamente a la que manejan los mineros asalariados, se les recordó que "el Estado depende de ellos y la decisión es que en el marco de la nueva ley se va seguir ampliando áreas mineras estatales, pero de yacimientos muy ricos para hacer minería en gran escala, como el que se va a desarrollar en Mallku Khota" apuntó el Vicepresidente del país.
Con esos lineamientos las cosas parecen muy claras, pero para dos sectores, el de los cooperativistas y de los mineros asalariados que no tienen la limitación de los empresarios privados por ejemplo en su participación política, que parecería ser un factor de menor relevancia, sin embargo en los hechos tiene un sentido sumamente importante porque permite- como se observa- a los cooperativistas y asalariados imponer ciertas condiciones que son afines a los intereses partidarios en un periodo eminentemente electoralista.
En función a estos hechos, que se presentan como parte de la estrategia minera nacional, es que los interesados en invertir en los grandes proyectos mineros nacionales esperan que se definan las verdaderas reglas de juego en lo que corresponde a la aplicación de la ley, instrumento que no puede ser utilizado en su fase practica por la carencia de un reglamento que haga operativa su funcionalidad.
Eso no es todo, lo que importa para la atracción de grandes capitales es conocer el "régimen y el sistema tributario que se dispondrá para toda la actividad minera y metalúrgica que se desarrolle en el país", eso significa que deberán incorporarse los tres sectores, privados, del Estado y cooperativas pero en igualdad de condiciones, con equidad funcional y responsabilidades compartidas en función de beneficios y obligaciones.
Expertos en la materia como Charles Bruce, un experimentado profesional escoses en minería, señala como una prioridad que el Estado tenga un código de minería que refleje forzosamente el sistema de impuestos. Al no haber este detalle la pregunta es simple ¿quién va a invertir sin saber cuánto tendrá que pagar? Bruce se refiere a una primera insinuación oficial, justamente cuando se promulgó la ley haciendo referencia a la posibilidad de que "las utilidades para el país por parte de los inversionistas serán entre 55 a 65%...todo puede estar bien pero lo importante es que sea norma oficial, escrita y definida para permitir que los interesados estudien y vean la conveniencia o no de disponer sus capitales para desarrollar prospectos mineros.
Lo que corresponde en la materia es un análisis exhaustivo por parte de los expertos económicos del país, de manera que se tomen en cuenta condiciones de competitividad con las normas que rigen en países vecinos, en abierta competencia en actividad minera y con "puertas abiertas" a las inversiones de grandes corporaciones dispuestas a desarrollar macro proyectos mineros.
El destacado y experimentado profesional en minería, señaló que actualmente hay en el país "unos tres proyectos de la magnitud o mayores a San Cristóbal y que requieren inversiones por encima de los 400 millones de dólares, cifras que pueden ser dirigidas a Bolivia, si existen reglas claras de juego". Es obvio que si no se dan esas condiciones los contratos seguirán impulsando grandes proyectos mineros en Chile, Perú y Argentina.
La situación del tiempo presente es que en un mes se cumplirán elecciones nacionales y hasta entonces, reglamento y disposiciones conexas a la ley de minería seguirán postergadas…quién sabe, con suerte hasta la próxima gestión. Mientras tanto la minería boliviana marcha pero sin ley.
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