A principio del presente mes se entregó al sector privado el proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje que permitirá en el futuro, que los contratos suscritos entre el Estado Boliviano y firmas privadas nacionales o extranjeras, específicamente de los rubros estratégicos de los hidrocarburos y la minería podrán resolverse mediante un régimen especial de controversias que estarán bajo la funcionalidad de las leyes bolivianas.
El trabajo entregado por la subprocuradora de Desarrollo Normativo deberá tener un análisis técnico en los niveles que corresponda para lograr más adelante el consenso necesario que permita su aprobación.
Se mencionó que el proyecto se elaboró bajo conceptos de independencia e imparcialidad, buena fe y lealtad procesal que deberá ejercer un tribunal, tomando en cuenta los principios del "vivir bien", en concordancia con los intereses comunes de los protagonistas de acuerdos y su proyección de servicio en el país.
Un artículo del proyecto señala que "los contratos del Estado boliviano con empresas privadas nacionales o extranjeras a través de entidades públicas , cooperativas o comunitarias para la exploración, explotación e industrialización, transporte y venta de los recursos estratégicos tales como hidrocarburos, minería y energía, se sujetarán a un régimen especial de controversias que rige bajo la jurisdicción y leyes bolivianas".
En lo que atañe a la jurisdicción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para prestar servicios y aquellos en que intervengan las asociaciones o sociedades de economía mixta conformadas por la estatal para la ejecución de actividades de la cadena productiva hidrocarburífera, con autorización de la Asamblea Legislativa entrarán en el ámbito de la Ley de Conciliación.
En cuanto a los contratos mineros del Estado con personas individuales y colectivas, previo cumplimiento de las normas para la entrega de derechos mineros en la cadena productiva y aquellos contratos para el desarrollo de la cadena productiva energética, a través de firmas públicas mixtas, instituciones sin fines de lucro , cooperativas y empresas privadas, también serán sometidas a la jurisdicción de las leyes bolivianas y se regirán bajo reglas como el arbitraje o la conciliación inmersas en la nueva normativa y de acuerdo a la CPE y otras determinaciones afines.
A parte se formula un aspecto importante al aclararse que "no se conciliarán o serán parte de arbitraje, aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad de recursos naturales, títulos otorgados sobre reservas fiscales, los tributos y las regalías por parte de empresas privadas y otras, que serán sometidas de manera exclusiva a la jurisdicción ordinaria" .
La futura ley, concretamente en el caso minero, seguramente será objeto de minucioso análisis por parte de inversionistas del país o extranjeros, pero también por las cooperativistas que han sido mencionadas en el contexto de la nueva norma que de todos modos tiene condiciones favorables a futuras controversias y la conciliación de las mismas, pero en el ámbito nacional.
La futura Ley de Conciliación y Arbitraje no debe convertirse en un factor negativo a la hora de atraer y garantizar importantes inversiones, altamente necesarias para desarrollar la denominada cadena productiva en el sector minero. Lo que ocurre en hidrocarburos ya tiene procedimientos que se cumplen sin mayores obstáculos, pero no se han dado aún las mismas condiciones de atracción y utilización de inversiones para minería el segundo rubro más importante del país en la generación de divisas y regalías.
Un detalle importe sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) señala que en el primer trimestre del año en curso, Bolivia recibió 574,1 millones de dólares un monto mayor en 31 % al percibido el año 2013 en el mismo periodo que fue sólo de 438,4 millones de dólares. Otro hecho importante sobre la IED, es que de cada diez dólares que son invertidos en el país por las empresas privadas extranjeras, seis corresponden al sector de hidrocarburos. Trato igualmente deferente para aumentar las operaciones de prospección y exploración se requiere para la minería.
Algo que todavía está en espera y sigue constituyendo una preocupación muy particular para el sector minero y para quienes están interesados en futuros emprendimientos, en este rubro estratégico, es la aprobación del régimen tributario sectorial que debe emitir el Ministerio de Finanzas para completar la correcta y completa aplicación de la nueva Ley Minera. Larazón, agencias.
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