El cuoteo político y sindical del Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), un modelo económico que pasó de la responsabilidad estatal en la extracción de minerales; la improvisación y el clientelismo se identifican como algunas de las causas de la crisis minera en Bolivia, según analistas económicos y exministros de Minería.
Quienes ven los orígenes de la crisis en el cuoteo político y sindical son los analistas Henry Oporto y Gonzalo Chávez, que ven esta práctica como algo habitual en el Ministerio de Minería y la Comibol en los ocho años que el Movimiento Al Socialismo (MAS) es Gobierno.
En contrapartida, los exministros de Minería del actual Gobierno, Dionisio Garzón, José Pimentel y Guillermo Dalence sostienen que la crisis minera se arrastra desde 1985, cuando el Decreto Supremo 21060 oblgó al Estado a jugar el papel de simple administrador de contratos de minería a través de la Comibol, que perdió toda responsabilidad en la exploración, producción, industrialización y comercialización de minerales.
Según Oporto, el Gobierno ha repartido como cuotas de poder entre los sindicatos de asalariados y cooperativas mineras la estructura de mando del Ministerio de Minería, la Comibol y otras instituciones asociadas del sector minero, al extremo de que las cooperativas han tenido participación directa en el directorio de la Comibol.
Lamentó que las personas nombradas para esos cargos sean “personas sin ninguna preparación, improvisadas, sin competencia para dirigir adecuadamente la política minera del país, en realidad militantes del MAS sin ideas de lo que debe ser la política minera”.
En su criterio, Bolivia está viviendo las consecuencias de una improvisación de autoridades que poco o nada saben del sector minero y lo único que hacen es velar por los intereses de sus gremios (sindicatos, cooperativas mineras y partido político en función de Gobierno).
Chávez refirió que una muestra del clientelismo, la improvisación y la crisis de conducción en la política nacional minera es precisamente haber elaborado una Ley Minera inconstitucional para favorecer a un sector que representa 150 mil votos en las próximas elecciones y haber cambiado nada menos que 7 presidentes en Comibol en nueve años de Gobierno del MAS.
Para Garzón y Pimentel, el año 1985, se rompe el modelo económico estatista y entra en vigencia un modelo económico administrado por el sector privado, asociado a grandes transnacionales, que liquida la capacidad operativa del sector estatal, en este caso de la Comibol, que no solamente pierde su base laboral de 25 mil trabajadores (relocalizados); sino también recursos humanos calificados en geología, exploración, metalurgia y extracción de minerales.
Guillermo Dalence sostiene que desde 1985, el Estado (Comibol) no cuenta con una estructura operativa que garantice el control, la operación de sus minas, ni las fases de exploración para identificar y desarrollar nuevos proyectos mineros.
“A pesar de buenos precios internacionales, la minería estatal no puede recuperarse, política, técnica, ni administrativamente, debido a que existe una falencia de políticas mineras y de recursos humanos. Lamentablemente, no hay ni un proyecto que se pueda mencionar como ejemplo del despegue de la minería”, sostuvo.
¿Hay o no profesionales?
Sobre la existencia de profesionales en minería, Chávez refiere que los hay en abundancia, y altamente calificados, debido a una tradición minera de más de 200 años. Pero afirma que muchos de ellos prestan servicios en la minería privada nacional o del exterior, que les reconoce buen nivel salarial y beneficios sociales acordes a su formación académica, desempeño y competitividad.
Dalence responde que el DS 21060 generó otro problema que no se resuelve hasta ahora: el cierre de las carreras de geología, minas y metalurgia en las universidades, especialmente de Siglo XX, Oruro y Potosí, que actualmente funcionan con un mínimo de postulantes. Sugiere al sistema universitario impulsar una “política especial” para encarar un programa de cualificación de profesionales en geología, minas y metalurgia, además de medio ambiente; “pero no hay por dónde surja la iniciativa".
En criterio de Pimentel, la falta de profesionales calificados se debe a que las universidades nacionales no se integraron aún al proceso de reactivación económica que vive el país.
Señala que la falta de técnicos es tan alarmante y estructural que la Comibol no puede, por ejemplo, resolver algunas dificultades que se están presentando en la planta de oxígeno de Karachipampa y tiene que recurrir a especialistas extranjeros.
El panorama empeora al escuchar al presidente, Evo Morales, admitir que la minería está atrasada y que no logra conformar un equipo técnico capaz de hacerla repuntar.
Industrializar minerales
Respecto al pedido presidencial de industrializar los recursos mineralógicos, Guillermo Dalence informó que “existen varios proyectos; pero en papeles, como dicen algunos analistas. Yo creo que ni en papeles. No hay profesionales capaces técnica ni éticamente para concebirlos e impulsarlos a tono con el desarrollo de la tecnología”.
El experto en minería Juan Carlos Zuleta, condicionó cualquier iniciativa de industrializar minerales a una reestructuración profunda del Ministerio de Minería que implica una reingeniería urgente del sector minero metalúrgico. Sin embargo, dijo que el Estado como Comibol tienen que participar en todos los eslabones de la cadena productiva, desde la captación de capitales hasta la industrialización y exportación de los minerales con valor agregado.
Ante una posible caída de los precios internacionales, Dalence recomendó elaborar con urgencia una política nacional de incentivo a la producción e industrialización de minerales, desarrollar un programa especial de geología y metalurgia de gran envergadura, con el sistema universitario nacional y la cooperación internacional, “para evitar nuevas relocalizaciones”. Dijo que la industrialización de los no metálicos es una tarea pendiente de este Gobierno para dejar de exportar solamente concentrados y generar excedentes.
DEBE ESTIMULAR LA INVERSIÓN
Abogan por concertar una nueva ley minera con todos los sectores
La nueva ley minera concertada con las cooperativas responde a las demandas y necesidades de ese sector, según el experto en el tema Henry Oporto, quien se pronunció por elaborar una nueva propuesta de ley con participación y aportes de todos los sectores involucrados en la cadena productiva de minerales.
“En esta ley no hay nada importante que nos haga pensar que en un futuro inmediato habrá más inversión, que se reactivará la producción, que aumentará la capacitad exportadora del país o que los graves problemas en la administración de Comibol y de sus empresas se vayan a resolver, porque es una ley corporativa, creada para un sector”, sostiene.
Agregó que la ley en discusión, resulta ineficaz para resolver los problemas mineros, debido a que tiene una sobrecarga ideológica y no establece mecanismos, ni instrumentos técnicos que permitan el urgente relanzamiento de la minería boliviana.
Para Gonzalo Chávez, el país necesita una nueva ley que modernice la minería, que señale sistemas de control y supervisión, que atraiga inversiones no solamente extranjera, sino fundamentalmente nacional para evitar fuga de capitales, que señale un régimen tributario justo para todos los actores y que destierre el cuoteo o manejo corporativo y político de la administración pública.
Refirió, que la nueva ley minera tiene que ser patrocinada no solamente por el poder Ejecutivo, sino fundamentalmente por la Asamblea Legislativa que, en este caso, no cumplió su función establecida por la Constitución Política el Estado.
La nueva ley, en su criterio, debe ser trabajada a nivel nacional, con el aporte de todos los sectores que están vinculados al sector minero, como las Cámaras Departamentales de Minería, las cooperativas de aguas y asociaciones de regantes y los pueblos indígenas, entre otros.
Ajenos a las observaciones planteadas por analistas y empresarios del sector, el Gobierno y la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) conformaron una comisión para la redacción del Artículo 151 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, cuyo tratamiento en la Cámara de Senadores fue detenido hasta que ambos sectores logren un consenso.
La comisión Gobierno-Fencomin trabaja para consensuar el Artículo 151 de la proyectada ley, que fue modificado por la Cámara de Diputados, debido a que otorgaba la posibilidad a los cooperativistas de firmar contratos de explotación de minerales con empresas privadas, lo que vulnera la Constitución Política del Estado.
ENTREVISTA
Pablo Cuba Rojas, analista económico
"Privilegios de cooperativas mineras"
El conflicto de los cooperativistas mineros y la aprobación de una ley ha puesto sobre la mesa los grandes privilegios que goza este sector. Su crecimiento en número es mayor al 51 por ciento en los últimos nueve años. De un total de 858 cooperativas mineras que habían desde 1958 se incrementó a 1.645 cooperativas mineras para el año 2013. Si bien la Ley de Minería y Metalurgia busca “regular las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, lineamientos y procedimientos, para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas de manera responsable, planificada y sustentable”, ese argumento ha sido muy cuestionado al despertar enorme desconfianza entre la ciudadanía por sus artículos contradictorios.
Por ejemplo, se define a las cooperativas mineras como “instituciones sociales y económicas autogestionarias de interés social sin fines de lucro”. Por ese principio los cooperativistas mineros realicen contratos con privados nacionales o extranjeros y quedan exentos de tributos por su status legal. Por otra parte, este sector tiene una baja contribución al Tesoro General de la Nación a pesar de los importantes ingresos generados desde el año 2006 ya que sus pagos por regalías mineras no superan el 5 por ciento y tampoco pagan el Impuesto Directo a las Utilidades (IUE). En otro artículo se señala, que los cooperativistas mineros deben pagar el IUE “cuando el precio de los minerales esté por encima de su punto de equilibrio” el mismo que es contradictorio con la propia Constitución Política del Estados porque no hay ningún sector económico que goce de esos privilegios en términos impositivos exceptuando, los productores de hoja de coca.
La Ley de Minería busca fortalecer un modelo de desarrollo de economía mixta pero con fuerte presencia del Estado en la búsqueda de recuperar concesiones mineras que están en manos privadas, pero eso tampoco debe generar incertidumbre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario