viernes, 28 de marzo de 2014

Solo el estado explotará minerales estratégicos

El proyecto de Ley de Minería y Metalurgia le otorga la potestad al Órgano Ejecutivo reservar minerales estratégicos para explotación exclusiva por parte de empresas estatales, además de declarar reserva fiscal a predios para aprovechamiento en favor del pueblo boliviano.

El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, José Antonio Yucra (MAS), explicó que este tema es fundamental para preservar los recursos estratégicos del país en favor del Estado.

El artículo 26 de este proyecto referido a “minerales y metales reservados para el Estado” señala que “el Estado mediante ley podrá reservar minerales estratégicos para explotación exclusiva por parte de empresas estatales, respetando derechos pre-constituidos o adquiridos”.

Además se declaran como áreas reservadas para el Estado, los siguientes salares y lagunas saladas: Uyuni, Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, Pastos Grandes, Laguani, Capina, Laguna, Cañapa, Kachi, Colorada, Collpa, Lurique, Loromayu, Coruto, Busch o Kalina, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Hedionda, Kara, Chulluncani, Hedionda Sud, Salares en Saucarí, Sajama y Sajama Sabaya, salvándose derechos pre-constituidos y derechos adquiridos.

El diputado Yucra explicó que podrán realizarse proyectos de la Empresa Nacional de Electricidad para la generación de energía eléctrica en base a los recursos geotérmicos ubicados en las áreas reservadas para el Estado.

Además, enfatizó que se declara al litio y al potasio como elementos estratégicos cuyo desarrollo se realizará por empresas públicas mineras de acuerdo con el Artículo 73, salvándose derechos pre-constituidos y derechos adquiridos.

La nueva medida legal reconfigurará la política minera y cerrará una etapa en la que los empresarios prácticamente se hacían dueños de las concesiones mineras, las mismas que eran heredadas a sus hijos o subarrendadas a terceros, según el informe de la Comisión de Economía Plural.

El proyecto de ley consta de 241 artículos, 7 títulos y 31 capítulos, que contienen normas sustantivas y adjetivas de procedimiento, además de 1 disposición transitoria, 3 disposiciones finales, abrogatorias y derogatorias.

El proyecto establece el cambio de régimen de la exconcesión minera, hoy denominada Autorizaciones Transitorias Especiales (ATEs), a Contrato Administrativo Minero a suscribirse por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en representación del Estado, como la entidad autárquica encargada de la otorgación, reconocimiento, renuncia, modificación y extinción de derechos mineros, así como de los procedimientos establecidos.

La futura norma reconoce, en concordancia con la Constitución Política del Estado, a tres actores productivos mineros: estatal, privado y sociedades cooperativas, los mismos que serán respetados en todos sus emprendimientos.

RESERVA FISCAL Por su parte el secretario del Comité de Minería y Metalurgia, Jaime Medrano, explicó que así como se reservan metales estratégicos, también la medida legal hace hincapié en la reserva fiscal minera, para que no se entregue con facilidad a operadores extranjeros que explotan las riquezas minerales con pocos ingresos para el Estado.

Precisó que el Gobierno Central con un decreto puede declarar determinadas zonas de reserva fiscal que permitan dar privilegios a las empresas estatales a hacer los trabajos correspondientes.

El artículo 24 señala que “el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo podrá declarar como reserva fiscal, determinadas zonas del territorio nacional, con la finalidad de efectuar labores de prospección, exploración y evaluación, para determinar el potencial mineralógico...”.

El litio y potasio son declarados recursos vitales para el desarrollo

 El litio se ha convertido en un apreciado recurso estratégico como resultado de notables avances científicos-tecnológicos, lo que promovió declarar a este recurso, y al potasio, como elementos estratégicos, cuyo desarrollo se realizará por empresas públicas mineras.

El secretario del Comité de Minería y Metalurgia, Jaime Medrano, explicó actualmente que el litio comienza a escasear, cuestión que se refleja en los aumentos de precios que han tenido las baterías, en especial las de los dispositivos portátiles. “Por eso la ley minera reconoce al litio y al potasio como recursos claves para el desarrollo de Bolivia”, indicó.

Desde 2003, el precio del litio se ha multiplicado por ocho, hasta 3.000 dólares la tonelada. Y se estima que la demanda entre 2002 y 2020 se habrá multiplicado por cuatro.

Bolivia apuesta a la explotación e industrialización de los recursos evaporíticos con apoyo de empresas internacionales, bajo la tuición mayoritaria del Estado.

Las reservas de litio de Bolivia están concentradas en el Salar de Uyuni, situado en la región de Potosí (suroeste), en una superficie de 15 mil kilómetros cuadrados y a 3.650 metros sobre el nivel del mar.

En Uyuni, el litio se encuentra disuelto en las salmueras. Es un metal liviano que se emplea en la fabricación de vidrio, cerámica, lubricantes, grasas, medicina, aleaciones de aluminio, polímeros y también para construir baterías eléctricas.

Medrano explicó que la Comibol Empresa Corporativa, será responsable de realizar actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización.

Asimismo, la medida legal le da potestad a Comibol, de acuerdo con la Ley de Empresas Publicas, crear una empresa filial como responsable de la ejecución de las actividades mineras señaladas.

El patrimonio del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (Ciresu), será transferido a la Comibol en tanto se establezca la creación de la empresa filial.

APOYO La nueva norma, que se debate en la Asamblea Legislativa, también prevé que para apoyar a su desarrollo se fomentará y financiará a las cooperativas y minería chica, a través del Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) y el Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica (Faremin), que estará bajo tuición del Ministerio de Minería, como lo establece la futura ley minera.

El artículo 90 señala que el Faremin gestionará y administrará los recursos económicos que provengan del Estado a través de financiamientos reembolsables utilizados como fondo rotatorio, así como otros recursos de organizaciones e instituciones privadas nacionales o extranjeras; ejecutará en beneficio de los asociados a la Cámara Nacional de Minería, programas de asistencia técnica en las áreas de geología, laboratorio, tecnología satelital, entre otras.

La empresa Comibol dirigirá la industria minera

La futura Ley Minera que fue presentada por los tres sectores mineros (estatal, privado y cooperativizado) al presidente Evo Morales y es considerada en el Legislativo, fortalecerá las operaciones de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y será una empresa estratégica como la petrolera YPFB, aseguró el presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, José Antonio Yucra Paredes (MAS).

En tanto que el experto minero y exsenador Carlos Sandy especificó que la creación de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM), no sustituye a la Comibol porque se encargará de la administración de los contratos mineros.

“Es algo demasiado burocrático porque especifica todas las funciones, atribuciones, quiénes deben ser sus jefes, toda su parte organizacional, que debería ir a un reglamento”, aseveró.

El artículo 61 del proyecto de Ley de Minería señala que “la Comibol, en calidad de empresa pública estratégica corporativa, autárquica, de carácter público, con personería jurídica propia, patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa, jurídica y económica, con sujeción a la Ley de la Empresa Pública, es la responsable de dirigir y administrar la industria minera estatal con excepción de las empresas mineras estatales que no estén bajo su dependencia”.

El diputado Yucra explicó que Comibol ejercerá, en nombre del Estado, el derecho de realizar las actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales, metales, piedras preciosas y semipreciosas existentes en las áreas mineras bajo su administración y las de sus empresas filiales y subsidiarias.

“Su objetivo es lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos”, precisó.

Explicó que para el cumplimiento de sus fines y objetivos, Comibol financiará sus operaciones mineras con recursos propios o recursos obtenidos mediante créditos de la banca privada o pública, títulos valores crediticios o de instituciones o financiamiento externo.

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