lunes, 31 de marzo de 2014

Cooperativistas abandonan diálogo y anuncian radicalizar bloqueos

Los principales dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) abandonaron hoy el diálogo instalado con los ministerios de Minería y de Gobierno, convocado para solucionar las observaciones al proyecto de la ley minera, actualmente en la Cámara de Senadores.

Al abandonar el encuentro, que se prolongó casi una hora en instalaciones del Ministerio de Minería, el principal dirigente de Fencomin, Alejandro Santos, afirmó que la ruptura del diálogo responde a la represión policial que habrían sufrido los cooperativistas que bloquean algunas carreteras del país.

"En este momento están reprimiendo de alguna manera a los compañeros cooperativistas, en esa medida nosotros no podemos seguir dialogando", respaldó al salir de ese despacho.

El dirigente de los cooperativistas mineros anunció que se masificarán los bloqueos que iniciaron sus afiliados esta jornada, demandando que se respete el proyecto inicial de la Ley Minera, que les permitía suscribir contratos mineros con empresas privadas.

En contrapartida, el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, explicó que el pedido de los cooperativistas vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra los derechos que tienen todos los bolivianos, sobre los recursos naturales que existen en el país.

Según el artículo 351 de la CPE, el Estado es el único rector para llevar a cabo y concretar contratos de asociación, tanto con empresas privadas como con cooperativas.

El pasado 29 de marzo, el proyecto de la Ley de Minería y Metalurgia fue aprobado en la Cámara de Diputados con 25 modificaciones y, posteriormente, fue derivado a la Cámara de Senadores para su debate.

Entre las principales modificaciones, se cambió el artículo 151 porque otorgaba facultades a los cooperativistas para que realicen contratos de asociación con privados, lo que es inconstitucional, tomando en cuenta que sólo el Estado tiene potestad para rubricar ese tipo de contratos, con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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