Como están las cosas en materia de minería en el país, nadie puede apuntar ni siquiera con aproximación a fijar un tiempo y menos una fecha para establecer la puesta en marcha del decantado proceso de "reactivación minera". El asunto no es cuestión de días, estos han sumado muchos y se han vuelto meses y meses de larga espera para llegar a un resultado negativo de muchos años desde la década de los 80 y cuando a mitad de ese periodo se produjo la debacle de la minería y el mayor retiro de trabajadores, sumaron miles los "relocalizados".
Desde entonces se comenzó a manejar la posibilidad de "reactivar la minería", se convirtió el tema en un slogan político, a su turno muchos fueron los que ofrecían poner en marcha el aparato minero con nueva tecnología, con planes especiales para captar inversiones y reabrir varios centros mineros, recibiendo a los despedidos y "acometiendo" programas de producción en varios de los centros mineros dependientes del Estado.
Fue poco lo que se hizo, se avanzó evidentemente en restablecer actividades en los centros tradicionales, ya explotados pero aún con ciertas reservas como para alentar perspectivas de corto y mediano plazo, pues la idea de expertos en la minería – ya entonces – perfilaba proyectos a largo plazo como son los que se manejan profesionalmente en la minería seria y productiva.
En ese tiempo la Comibol se constituía en la "gran empresa" de la minería pese a que no pudo soportar la abrupta caída de precios que causó una verdadera masacre blanca de mineros, acción que tuvo su consecuencia directa en el pago de indemnizaciones a los miles de mineros, muchos de los cuales pasaron a integrarse en otras actividades, pero una buena cantidad trabajó en la informalidad y en la primera oportunidad que se presentó retornaron a las minas, pero agrupándose bajo la solidaria doctrina cooperativa.
Claro está que el sistema de cooperación mutua sirvió para cumplir ciertos fines "solidarios" que persisten al presente, que pese a los cambios que se presentan en la actividad minera permiten la vigencia de las cooperativas mineras que ahora suman centenares de éstas organizaciones y con miles de afiliados que al convertirse, otras cosas, han logrado prevalencia "social" y lo han dicho algunos de sus dirigentes, como "brazo de apoyo" a la política gubernamental gobernante, aspecto alentado abiertamente por el propio Mandatario del país.
Bajo esas condiciones viene, se asienta y pretende afirmarse al futuro una empresa minera que posiblemente cambie su denominativo, pero que aún no presenta una estrategia que garantice la viabilidad de esa tan mentada y ansiada "reactivación minera".
No hay que descartar, bajo ninguna circunstancia, el potencial valor de la minería como tal, pues hay seguridad de contar con importantes yacimientos mineralizados en el país pero que necesitan prospección adecuada exploración y los elementos necesarios y suficientes de orden financiero y técnico para concretar las fases de producción minera.
Flota en el ambiente de la minería privada y estatal un aire optimista ante la alternativa emergente de completar el ciclo extractivo de recursos mineros y convertirlos en materiales con valor agregado tras procesos de industrialización en la metalúrgica y la siderurgia en el país… pero el proceso no es sencillo.
Hay que asegurar primero la producción minera en todos los subsectores, abriendo un abanico de oportunidades para captar inversiones que nos permitan entrar en franca competencia con los países vecinos y consolidar la importancia productiva minera nacional para obtener utilidades que favorezcan a la economía nacional y a los distritos donde se produzcan las operaciones minero – metalúrgicas.
El proceso no es fácil de verdad, se necesita una normativa que dé seguridad a las inversiones y garantice las operaciones de los emprendedores, lo que se convertirá en un proceso de beneficio colectivo con fuentes de empleo, con factor multiplicador en servicios y otras instancias de trabajo no sólo minero sino de afinidad a ese sistema productivo, pero de complementación al gran movimiento que producirá la incorporación de más empresas al sistema productivo y económico nacional.
El proceso de industrializar nuestras materias primas tiene que consolidarse con la ampliación de la primera fundición estatal, ENAF, ahora Metalúrgica de Vinto, donde en más de dos años no puede ponerse en funcionamiento un nuevo horno, el Ausmelt, para ampliar sus volúmenes de producción. La otra situación es la que corresponde a la planta de Karachipampa, ésta tiene muchos años en puro mantenimiento, es realmente el elefante blanco del sector pues obliga a millonarias inversiones y todavía no entró en etapa real productiva.
La minería no tiene una línea definida para alcanzar la meta de una producción sostenida y efectiva. La ley que sigue en análisis posiblemente sea aprobada hasta fin del año presente y dependerá de su contenido las decisiones futuras que puedan ser aplicadas a partir de la minería estatal para coordinar o no las futuras acciones de reactivación con los sectores de la minería privada, la mediana y la chica y luego por supuesto los roles que se dispondrá para el sector de las cooperativas que está en controversia por las condiciones en que desarrolla sus operaciones y por algunas ventajas de orden tributario que son perjudiciales a los fines económicos generales, pero de utilidad directa al sector, con características políticas y un desfase técnico financiero de abierta inequidad en el contexto estricto de la minería y su rol.
La interrogante que marca el titular del presente análisis es emergente de la realidad minera de ahí que no se sabe ¿para cuándo se perfila la nueva minería boliviana?
Agencia Uru - Medios
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