Las regiones productoras de minerales percibirán el 80% de las regalías, los municipios productores el 15% y el Tesoro General del Estado (TGE) el restante 5%, según el proyecto final de la nueva Ley Minera.
En la vigente Ley 3787, se determina que el reparto es de 85% para las gobernaciones y el 15% en favor de los municipios.
El artículo 203 de la propuesta de la norma, al que tuvo acceso Página Siete, dispone que “el presupuesto departamental establecerá un porcentaje del 80% para asignación a las necesidades de las naciones y pueblos originarios campesino conforme al parágrafo anterior y para las necesidades, programas y proyectos del Gobierno Autónomo Departamental y un 15% para los Gobiernos Autónomos Municipales (...). El 5% se destinará al TGN”.
El presupuesto departamental garantizará los derechos de participación prioritaria de las naciones y pueblos indígenas originario campesino de las regiones mineras en las que se exploten los recursos minerales, precisa la propuesta de ley.
El exministro de minería Dionisio Garzón y el exviceministro Pedro Mariobo, observaron, por separado, la repartición que se propone, ya que los municipios productores deberían percibir un mayor porcentaje.
“Las gobernaciones de Oruro o Potosí tienen mucha plata, principalmente por ingresos de regalías mineras, pero no la ejecutan, porque no tienen experiencia en el área, no saben cómo invertirlo”, señaló Mariobo.
Garzón considera que estos recursos deberían ser ejecutados por los municipios, principalmente en exploración. La regalía se paga por la explotación de un recurso no renovable en el país.
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