El Gobierno boliviano aclaró que la demanda de arbitraje internacional que la canadiense South American Silver presentó contra Bolivia no afecta las operaciones de los yacimientos mineros, que fueron nacionalizados por el presidente Evo Morales.
José Ramiro Sanabria, director de Proyectos de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), explicó a los periodistas que, de confirmarse el arbitraje, habrá un pronunciamiento oficial y precisó que ya no existe relación alguna con la empresa canadiense.
Silver Corp. América del Sur anunció que su subsidiaria South American Silver Limited ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional contra el Gobierno de Bolivia por la nacionalización de la concesión minera que poseía en Mallku Khota en el departamento de Potosí.
"Esto del arbitraje no perjudicará en lo absoluto a las operaciones del proyecto porque nosotros ya estamos trabajando en base al decreto de nacionalización", dijo Sanabria.
"No tenemos en lo absoluto nada, ninguna relación contractual, administrativa, técnica con la compañía canadiense", explicó.
En reiteradas ocasiones, el Gobierno negó cualquier obligación económica que reclama la firma canadiense, y dijo que la compañía minera no acreditó sus derechos legales.
El Gobierno boliviano tiene todos los registros y evidencias para demostrar ante cualquier tribunal internacional que la canadiense South American Silver no invirtió ningún monto económico en el país, afirmó el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira.
Previamente, desde el pasado 2 de octubre, el ministro Virreira había señalado que por ello, "el país no tiene ninguna obligación con la South American Silver".
El ministro de Minería agregó que en abril, en la última certificación de Fundempresa, entidad que lleva el control de la constitución de todas las compañías en el país, no está registrado el nombre de la South American Silver, por lo que el Estado boliviano no tiene ninguna relación con esta firma.
Sanabria ratificó que es obligación del Gobierno boliviano, a través de las instancias correspondientes, como la Procuraduría General del Estado, el asumir medidas si se notifica la demanda internacional.
En agosto del año pasado, por decreto supremo 1308, el Gobierno revocó la concesión minera Mallku Khota, en la parte andina de Bolivia, dando "lugar a la expropiación total del proyecto" y sin ofrecer ninguna compensación.
Según señala el portal "Canadian Mining Journal", el arbitraje se realizó bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), de conformidad con el acuerdo entre los gobiernos del Reino Unido y de Bolivia para la Promoción y Protección de Inversiones.
Este procedimiento se ha iniciado como consecuencia del fracaso en las negociaciones tras la emisión del Decreto Supremo Nº 1308 del 1 de agosto de 2012, que revocó las concesiones mineras que abarcan el Proyecto Minero que estaba en poder de la Compañía Minera Mallku Khota, una subsidiaria de propiedad total de South American Silver Limited.
La canadiense reclama que Bolivia no ha cumplido al no proporcionar protección y seguridad a los inversionistas extranjeros y sus inversiones, además de que la expropiación se realizó sin una indemnización justa y efectiva.
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