sábado, 16 de febrero de 2013

Directorio de la Comibol ya no consignaría a cooperativistas

Una reestructuración organizativa se perfila en materia de la administración minera en el país, al punto que la otrora poderosa Corporación Minera de Bolivia, Comibol, tendrá un renovado directorio en el que ya no se incluirán a los representantes del sector de cooperativistas, pues la nueva empresa estatal minera aumentará su identificación y responsabilidades y su nueva razón social será de Corporación Minera Metalúrgica Industrial de Bolivia, su sigla crecerá también.

Por la perspectiva en lo que corresponde a las nuevas responsabilidades, se incluyen dos elementos sumamente importantes, primero el que corresponde a la metalurgia y que implícitamente abarcará también a la siderurgia, segundo el asunto "industrial" que abarca la respuesta al nuevo reto del sector y que debe llevar al país a la producción industrial de nuestras principales materias primas.

El tema es interesante, pues significaría que de una buena vez se definirá esa política minera nacional, tan exigida y tan demorada en su aplicación general que ahora cubriría el conjunto del estratégico sector minero metalúrgico del país, que funcionará además con un nuevo directorio representativo exclusivamente del interés estatal. Las cooperativas no son dependientes del Estado y deberán agruparse en el rubro de afinidad a sus principios societarios.

El ex ministro de minería, José Pimentel explicó que actualmente se produce una clara incompatibilidad de intereses entre Comibol y los cooperativistas, pues ese sector es arrendatario de áreas mineras de la Comibol, además de que desarrollan actividades que no están consignados en los planes de la estatal minera.

Se indicó que el proyecto de la nueva ley minera tiene un avance del 90 por ciento y su aprobación se definiría el próximo mes de febrero. Se supone que en ese contexto estará incluida la reestructuración de la estatal minera y a partir de esa modificación, sería establecida la nueva política minera, bajo condiciones de seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.

Los cambios que puedan aplicarse en la organización administrativa minera del país merece una responsable decisión superior, para encomendar los trabajos de proyección futura de la minería y metalurgia a profesionales experimentados de la materia, esa será una muestra de seriedad estatal.

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