Durante el año 2011, más del 50 por ciento de las tomas mineras fueron protagonizadas por comunidades indígenas y campesinas, el 30% por cooperativistas. Esa realidad reciente, según el historiador Pedro Portugal, demuestra una trayectoria histórica de los comunarios en su relacionamiento con los recursos naturales, y su intención de tener la hegemonía sobre la explotación y el beneficio de las vetas mineras.
En su estudio: “Comunidades indígenas y explotaciones mineras” inserto en el libro Dilemas de la Minería, Pedro Portugal se basa en datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, y menciona que mientras el año 2010, hubo 45 tomas de yacimientos mineros, durante el 2011, se registraron la intervención en 58 minas fueron por la fuerza pública. De esa cantidad, más del 50% de las tomas fueron hechas por los campesinos e indígenas residentes en las cercanías de los yacimientos.
“Las comunidades indígenas y campesinas no están en contra de la actividad minera, su intervención en las minas se da porque quieren la hegemonía de esa explotación. Fruto de las tomas de los centros mineros se dieron las reversiones de Huanuni y Colquiri, y la nacionalización del mega yacimiento de Mallku Qota, que era administrada por una empresa subsidiaria de la canadiense South American Silver”, afirma el investigador al Periódico Digital PIEB.
Portugal sostiene en su estudio promovido por la Fundación Pazos Kanki, que las comunidades indígenas tienen una trayectoria bastante larga en su relacionamiento con la minería, que data desde antes de la Colonia, pero que hoy en día, se les niega esa naturaleza.
“La extracción de minerales y su tratamiento en el territorio andino es más antigua que la sociedad del Tawantinsuyu”, afirma. Sin embargo, reconoce que hay también comunidades que se sienten afectadas por la actividad minera y la rechazan, pero que en su criterio son las menos.
Según el historiador, en el actual Gobierno se hizo un énfasis sobre el rol que desempeñan las comunidades indígenas en sus territorios haciéndolos ver como los salvaguardas del equilibrio de la naturaleza y del cuidado de la cosmovisión, cuando en la realidad, algunas comunidades campesinas no solo se vieron involucradas en tomas de minas, sino también en actividades ilegales como el contrabando y el ingreso de vehículos “chutos” (ilegales), “lo que demuestra que también quieren participar de manera desesperada en la distribución de la riqueza”.
En esa dinámica general Portugal señala que las comunidades indígenas exigen la participación en la distribución de la riqueza, producto de la explotación de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, pero sobre todo de la minería debido a que “es una actividad relativamente fácil, y que provoca beneficios más importantes, pero también porque no exige muchas obligaciones, pero otorga derechos”.
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