Pocas veces se había visto una agenda legislativa tan cargada hacia un sector en particular. Al Congreso han llegado varios proyectos de ley relacionados con el sector minero-energético que aspiran a que las grandes compañías retribuyan en una mayor proporción al país y a que el Estado las controle más.
El debate sobre las multinacionales y la explotación de los recursos minero-energéticos no es nuevo y se presenta en todas partes del mundo. En Colombia ha cobrado mayor intensidad últimamente por varias razones, entre ellas porque es el sector que está obteniendo mejores ganancias, por lo cual todo el mundo espera que aporte más para el desarrollo del país.
También las noticias sobre la prórroga del contrato para explotar níquel en Cerro Matoso, a cargo de la anglo australiana BHP Billiton y las protestas por el bajo compromiso social de la multinacional despertaron indignación nacional y avivaron el debate sobre si el sector está pagando los impuestos justos. Por lo demás, los efectos devastadores que deja a su paso la minería ilegal -también la legal sin controles- han hecho que los ambientalistas enfilen baterías contra esta "locomotora". El debate está planteado.
En las próximas semanas el Congreso tendrá que decidir con cabeza fría qué es lo que más le conviene al país para incentivar la inversión en la ’locomotora’ que está rodando a mejor marcha y para que no resulten pagando justos por pecadores en un país donde la minería ilegal está en todas partes y causa un daño inmenso. Como dice el ministro de Hacienda, el crecimiento de este sector requiere que se cumplan muchas condiciones, entre ellas agilizar los trámites ambientales; garantizar condiciones de seguridad y que las empresas que invierten encuentren condicione de estabilidad jurídica. Ojalá que no se termine matando la gallina de los huevos de oro.
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