Lo que ha estado ocurriendo en el ámbito de la minería nacional muestra claramente la ausencia de normas claras que definan el desarrollo de toda la actividad minera, encuadrada en leyes responsables, disposiciones prácticas, incentivos generales, pero sobre todo garantías y seguridad jurídica que atraigan inversiones y no las ahuyenten.
Identificar problemas
Hay necesidad de identificar todos los problemas que en la actualidad alteran el cumplimiento de proyectos mineros, empezando por reconocer que un Código en desuso y una ley que no se aprueba, dejan un vacío peligroso en el control de las actividades mineras, cuya consecuencia se refleja en actitudes de los sectores mineros en pos de objetivos sectoriales y no lo que debería ser un conjunto de decisiones generales para alcanzar beneficios comunes.
Buenos precios de minerales han influido en el ánimo de grupos como los campesinos originarios para buscar trabajo en las minas próximas a sus comunidades acudiendo al ya fácil expediente de la ocupación de minas, en un claro avasallamiento de la propiedad privada e inclusive pública. Pero resulta que esa posición ilegal, autoritaria se vuelve además desleal cuando mineros organizados en cooperativas arremeten contra sus hermanos asalariados como ocurrió recientemente en el caso de Colquiri y anteriormente en otras minas que no han sido restituidas a sus legítimos concesionarios.
El problema merece un análisis exhaustivo para encontrar las diferencias que permitan aclarar la situación, observando sin ningún tipo de presión una realidad que no puede ser desconocida, tal la posición de los asalariados sean de la empresa privada o del mismo Estado, caso Huanuni, que con justificada razón defienden sus fuentes laborales y sus salarios frente al sistema que los cooperativistas mantienen y que resultan ser también empresariales, por tanto privados y que no siempre están en parámetros similares o muy próximos entre sí, pues en ambos casos se revela que mineros de aquí o de allá perciben muy buenos ingresos, con la simple diferencia de que en un caso el soporte financiero corresponde al empresario privado o el Estado y en el otro a la fuerza y número de extractores de riquezas mineras, que con sus derechos adquiridos y apoyados oficialmente, acuden a cualquier expediente para ampliar el control de más yacimientos mineros, sin mayores obligaciones.
La controversia
Frente a los problemas surgidos la posición oficial se enmarca en la dilogía que mencionamos, es decir en un proceso de ambigüedad que no resuelve de manera estructural el problema y al contrario abre resquicios por los cuales pueden desbordarse situaciones de alto riesgo entre mineros, pero también de inseguridad frente al posible interés de empresas mineras, cuyos ejecutivos pensarán, hasta tres veces, antes de invertir en Bolivia, donde – todavía – no hay normas que se apliquen y se cumplan para garantizar la actividad minera.
La posición de los expertos, profesionales de la materia y los propios mineros coinciden cuando señalan que las "nacionalizaciones" son medidas políticas que no mejoran el sistema, pues alejan los capitales y restan posibilidades a un crecimiento dinámico y sostenible de la minería.
La controversia es seria, pues existiendo yacimientos mineros con potencialidad en sus reservas, los mismos no pueden ser explotados adecuadamente por las posiciones vigentes que permiten la acción de avasalladores a los que no se sanciona, pero tampoco se facilitan los medios que permitan a inversionistas privados para que puedan desarrollar con seguridad interesantes proyectos que abrirán fuentes de empleo, con factor multiplicador, con impuestos y regalías que a su vez se convertirán en recursos para el desarrollo sostenible de municipios y comunidades próximas a los emprendimientos mineros.
Una opinión realista
A raíz de los problemas recientes , el ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, Severino Estallani, en una declaración que publica El Diario en su edición del jueves 7 de junio, señala a propósito de la nacionalización que plantea el Gobierno, que la medida fue aceptada con carácter excepcional, "únicamente para que desaparezcan los mineros cooperativistas, porque lo único que quieren es hacer desaparecer a las empresas productivas, para que ellos ganen recursos sin inversiones y sin control de ninguna naturaleza", una opinión que muchos no se animaron a emitirla, justamente frente al temor de las reacciones que se dan entre los centenares de mineros que trabajan con sus cooperativas. El asunto no es de fácil solución, requiere de medidas técnicamente estructuradas y no políticamente aplicadas.
Medios – Agencia Uru
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