martes, 31 de enero de 2012

Culpan a Inti Raymi por contaminar y causar sequía

Camina despacio; en una mano lleva un bañador y en la otra, un sombrero, que acaba de quitarse para secarse el sudor de la frente. “No tenemos agua ni para tomar”, se lamenta Carolina Colque, mientras llega a la plazuela de Toma Toma —en la ribera del río Desaguadero, al oeste de Oruro— a fin de recibir el líquido de la pila comunal. Desde hace más de tres años que sufre la carencia de agua, y la poca que encuentra contiene minerales provenientes de la Empresa Minera Inti Raymi SA (EMIRSA), que opera en los alrededores de su comunidad.

Como la mujer de 75 años, cada vez son más los comunarios de Burguillos, Sora Chico, Santo Tomás, Vito y Hospitaya (provincia Cercado), Capillita, Toma Toma, Tres Cruces, Toledo y Pata Pata (provincia Saucarí) que tienen el mismo problema: recorren pequeñas y grandes distancias en busca del preciado recurso.

El agua que consiguen no es cristalina, huele raro y tiene un sabor salino y ácido, aunque todavía sirve para saciar la sed de la familia y la de sus animales, pero con una serie de consecuencias.

Las aguas se contaminan por los desechos de la minería, por los líquidos urbanos e industriales, o por los cambios climáticos. En el caso de esas comunidades, éstas sufren los desagües o residuos de la minería, particularmente de Kori Kollo y Kori Chaca, de Inti Raymi. Sus aguas —tomadas en gran cantidad del río Desaguadero— drenan (salida de líquidos o de la excesiva humedad) hacia el río en cuestión y los lagos Uru Uru y Poopó, y afectan a Toma Toma y los otros poblados vecinos.

El presidente de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del río Desaguadero y lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Félix Layme, dice que esa agua tiene alto contenido de cloruro de sodio (sal) y metales pesados, “por eso es salada y amarillenta”.

Cita un estudio de 2009 en las aguas de la comunidad de Santo Tomás (sur de Toma Toma y cerca del lago Uru Uru), realizado por Antonio Salas, exrector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), que determinó la presencia de 45,96 mg/l (miligramos por litro) de plomo, cuando el límite permisible para que el líquido sea potable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe ser de 0,05 mg/l. Entre otros metales, se encontró también 175,98 mg/l de zinc y el margen es de 5 mg/l; 45,06 mg/l de arsénico y su límite es de 0,05 mg/l; y 7,102 mg/l de cadmio, cuando lo permitido es de 0,05.

La investigación reveló que el potencial de hidrógeno (pH), que se usa para medir el grado de alcalinidad (capacidad del agua para neutralizar ácidos) o la acidez, en el sector está en el límite, 8,2. El pH de agua potable normal debe estar entre 6,5 y 8,5. Por debajo, se trata de soluciones ácidas, y por encima, de alcalinas básicas y en ambos casos el líquido no es apto para el consumo, porque pueden dañar el organismo de las personas o de los animales.

Sin saber técnicamente de esa composición nociva, los pobladores sienten los efectos. “Hemos sido afectados por la contaminación, empezando por Villa Chuquiña (a 36 kilómetros al noroeste de la ciudad, donde está Kori Kollo) y en todas las riberas del río Desaguadero”, denuncia el alcalde de Toledo, Martín Colque.

Los desechos de ambas minas disminuyeron la calidad del agua para consumo humano y animal, y afectan las fuentes para uso agrícola y pecuario, así como la biodiversidad. Sin embargo, en respuesta escrita a La Razón, Inti Raymi asegura que sus operaciones no afectan a los lagos y su impacto “es mínimo”. “La cuenca baja del río Desaguadero no es impactada, ya que la empresa trabaja en circuito cerrado con cero descargas al medio ambiente”.

En El Choro, a 40 kilómetros al sudoeste de Oruro, por ejemplo, se redujeron considerablemente la agricultura, la ganadería y la pesca que eran las principales actividades económicas. “Hace 10 años, teníamos agua dulce y mucho pejerrey en el lago Poopó, de donde salían camiones llenos de pescado a los mercados de Oruro y La Paz; pero hoy casi no nos alcanza ni para el consumo propio”, cuenta su alcalde, Jesús Chinche.

Dice que hace tres años se cultivaba entre 6.000 y 8.000 hectáreas de forraje (alfalfa, festucas, cebada y otros). “La producción también disminuyó, y cada vez es más difícil mantenerla por la escasez de agua, especialmente en la época de estiaje (invierno)”.

Pero, ¿por qué las aguas de mina son el principal componente de contaminación en la región? El Centro de Investigaciones y Políticas Sociales de Oruro (CIPS), en su texto Problemática Agenda Regional de Investigación, de febrero de 2011, expresa que la naturaleza de los minerales que se explotan (oro) es de tipo sulfuroso y que vienen cargados con ácido sulfúrico y sulfatos, con un pH que oscila en torno a 3.

Los desechos mineros, consistentes en desmontes (acumulaciones de material estéril o de bajo contenido mineralógico), portan cantidades variables de compuestos que, al ser depositados de forma libre y abierta en los márgenes de los ríos, sufren procesos de lixiviación (extracción sólido-líquido) y ocasionan contaminación o pasivos ambientales (sitios contaminados), que continúan, aún después de haber concluido la explotación.

Su control es casi inviable porque no existen sistemas planificados con este propósito, menciona la información.

Inti Raymi explica que en su planta de lixiviación de óxidos emplea el método convencional en pilas, más utilizado en la industria minera, para la recuperación de minerales de oro diseminado y de baja ley. “El método se usa en la operación de Kori Kollo desde 1985, para minerales que hoy tienen un contenido de oro variable entre 0,40 a 0,70 g/t (gramos por tonelada)”.

El libro de CIPS apunta a que el lago Poopó se contamina de forma natural y por las aguas residuales de las actividades minero-metalúrgicas. El río Desaguadero, como su principal afluente, deposita sus aguas en el lago Uru Uru, que es la antecámara del Poopó, y es portador de sales disueltas (cloruro de sodio o sal común).

Pozos. Existen muy pocos estudios sobre las aguas subterráneas, pero es evidente que los residuos también se transportan por este medio y su impacto es mucho más significativo en la actividad humana, es decir, en el consumo o riego por pozos, según informa la investigación.

Chinche recuerda que cada vivienda de El Choro y de las comunidades aledañas contaba con pozos de agua dulce. “Hace unos meses, con la ayuda de JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), cavamos hasta más de 150 metros de profundidad y sólo encontramos agua salada”.

También cuenta que los vecinos construyen ‘vigiñas’ (pequeñas lagunas circulares excavadas por los campesinos en sectores estratégicos para la retención de agua de lluvia), pero que por falta de precipitaciones no pueden ser llenadas.

La escasez del agua obliga a muchos comunarios a conseguirla en la ciudad. Ése es el caso de Evarista Nicasio, quien cada 15 días traslada desde Oruro hasta El Choro entre tres y cinco bidones de un litro de agua. “El SeLa (Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado) de Oruro nos vende a 20 bolivianos el turril, pero con el transporte nos llega a costar casi 40”. Desde 2006, Toledo se provee de agua potable a través de un ducto desde Kulluri, a 22 kilómetros de distancia. Cada familia paga Bs 14,50 al mes por consumo mínimo. “Sólo en la línea de impulsión, la Alcaldía invirtió más de un millón de bolivianos”, sostiene Colque.

En 2007, las 80 comunidades ribereñas del Desaguadero, Uru Uru y Poopó afectadas por la contaminación crearon Coridup con el objetivo, según Layme, de reclamar a las empresas mineras y al Gobierno por el incumplimiento de la Ley 1333, de Medio Ambiente. “Ningún operador cumple esta ley; por lo tanto, creo que es importante que las empresas empiecen a respetarla, porque de otra manera, Oruro va a terminar como un desierto”, advierte.

Admite que la minería existe desde la Colonia, pero afirma que nunca hubo tanta degradación de tierras como en los últimos 10 años. “Esta situación está empobreciendo a la gente, porque aumentó la salinidad, lo que hace que se quemen los forrajes”, dice el dirigente campesino.

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