El tema minero en la actualidad mantiene una marcada incertidumbre entre los sectores más importantes de la producción privada, pues la minería estatal funciona en base al soporte gubernamental que está impulsando ciertos cambios en uno de los centros mineros más importantes, caso de Huanuni y el sistema complementario metalúrgico de la fundición en Oruro, mientras que los otros sectores, caso de la minería mediana y la minería chica se debaten en la incertidumbre sobre lo que será la nueva Ley Minera, que está demorando bastante en su aprobación.
Sobre este tema y otros relativos a la producción minera nacional consultamos la opinión del experto en materia minera, ingeniero de minas, ex Senador de la República y docente universitario: Carlos Sandy Antezana. Perspectiva Minera PM plantea su interrogante en torno a la nueva ley minera y el tema de las concesiones mineras, aspecto que preocupa al sector.
Carlos Sandy (CS).- Se anunció ya desde hace varios años atrás el cambio del Código Minero que lo tenemos desde el gobierno de Sánchez de Lozada, su tratamiento preocupa de veras no sólo a la ciudadanía sino fundamentalmente a quienes están en la actividad minera, ya que al margen de haber hecho conocer a ciertas organizaciones que tienen ésta actividad, como los empresarios mineros, los cooperativistas en realidad no se avanzó sobre las decisiones más importantes, esta ley está tardando mucho lo que implica una serie de problemas, en primer lugar retrasa las inversiones mineras, no da seguridad jurídica a los que ya han invertido y menos a los que quieren invertir justo en un momento en que nos favorecemos de los altos precios de minerales pero que no lo aprovechamos por la falta de una ley que de seguridad jurídica y que hubiera permitido captar inversiones importantes de empresas que trabajen en el país, que den empleo y que mejoren la situación económica en general , pero con mayores ventajas para los departamentos de Potosí y Oruro, esto no ha acontecido y es realmente preocupante el proceso y el tiempo que lleva la aprobación del proyecto del código minero.
PM.- Hay otro problema muy complejo en el caso de la minería, relacionado con la necesidad de "pedir autorización a los comunarios originarios" para encarar algún emprendimiento minero, de tal suerte que si no hay visto bueno no se permitirá ningún emprendimiento minero y esto perjudicará mucho más la actividad minera, si además la principal autoridad del sector no muestra decisión para solucionar el tema de los avasallamientos. Esto nos conduce a mayor incertidumbre.
CS.- Así es, pero esto tiene que ver (creo yo) con un hecho, nos hemos apurado excesivamente en la aprobación de una norma en la CPE que tiene implicancia con la relación de tierra y la sociedad, no hay que olvidarse que todos los bolivianos, seamos de cualquier región, somos dueños de los recursos naturales, entre estos los mineros, pero se ha introducido en la nueva CPE un tema en el que nosotros debemos pedir autorización a los pueblos originarios para tener una concesión minera y como eso está en la Constitución la verdad que esa es la causa de muchos problemas como los avasallamientos que no son otra cosa que las expectativas que les da la CPE considerándose dueños de las propiedades mineras, es un tema que nos va traer más problemas en el futuro si no aclaramos convenientemente el asunto y en qué consiste ese permiso de los pueblos originarios, para encarar proyectos mineros.
PM.- Se dice que la consulta deberá formularse sí o sí, pero el resultado de tal consulta no será vinculante, entonces consideramos que carecería de sentido.
CS.- Cierto, pero lo que se espera es que el Gobierno tenga las cosas claras en función de la CPE, de su propia política gubernamental, para eliminar los factores que causan malestar y que deben remediarse en la nueva ley minera.
PM.- En materia de inversiones hay un claro estancamiento, fuera de los proyectos en desarrollo, caso de Inti Raymi en Oruro o de San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé, Manquiri en Potosí no se han conocido nuevas inversiones, tal parece a la espera de la nueva ley.
CS.- Es lamentable decir, pero creo que hemos perdido una oportunidad y un tiempo muy importante para hacer inversiones, justamente porque existen problemas con el tema de las concesiones, la relación entre lo que es la propiedad de la tierra y la relación con la sociedad y las posibilidades de ésta para acceder a las concesiones. Mientras no se solucione este problema dentro de un marco general de lo que quiere el Gobierno en el nuevo código minero, seguro que las inversiones no van a venir y esto es lógico, si no tenemos nada claro quién va invertir.
PM.- Hay aspectos confusos en este tema de concesiones, migración de contratos, seguridad jurídica y el alcance de las garantías, ¿qué se puede hacer para salvar estos escollos que frenan inversiones y producción?
CS.-Es evidente, en la propia CPE está expresado por ejemplo que el tema de una concesión minera no puede ser hereditaria, no reconoce la transferencia en sucesión hereditaria entre familiares y como se comprenderá las inversiones mineras son de largo aliento a partir de la decisión de encarar un proyecto que será de largo aliento, de mucho gasto antes de empezar la producción, entonces si no se sabe en qué terminará una concesión, es claro, nadie quiere invertir sin saber el destino de su capital y eso impide por lo menos que los nacionales incursionemos en la actividad minera. Es un tema muy delicado, no hay inversiones, en el frente oficial tampoco, Sergeotecmin no lo hace, Comibol tampoco.
PM.- Sin embargo, en el último tiempo se observa que hay una serie de aportes al sector minero estatal, otra dosis importante a las cooperativas mineras, pero ningún incentivo para el sector privado el chico y el mediano, esto desincentiva a los productores privados, qué se puede hacer para evitar esa discriminación
CS.-Bueno, lo que se observa es que estamos en una política especial de favorecer a quienes políticamente interesan, hay que darles algunas prebendas al sector cooperativizado porque es un sector que favorece al Gobierno, pues son miles de votos, entonces como no está claro el tema de la inversión para explotación minera en los sectores de la minería grande, mediana y la pequeña, entonces no le interesa al Gobierno estar favoreciendo a estos, por lo tanto está claro que se impone lo político a lo estrictamente económico, pero el hecho no es bueno porque lo que interesa al país, obviamente, es desarrollar en el país la economía formalizada que nos traiga grandes inversiones y que represente tributación, fuentes de empleo, seguridad y garantías para el crecimiento de la minería.
Una opinión profesional, ajustada a la realidad, y que ojalá motive la atención de los personeros que aún debaten el proyecto de la nueva ley minera.
