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| La minería en su conjunto está a la espera de las reglas de juego para avanzar con seguridad y sin pausa o seguir restando ingresos al país y las regiones. |
Transcurrió toda la gestión del año 2010 y si bien se dieron algunas notas buenas en materia de producción, caso de Huanuni y la Metalúrgica de Vinto, en el sector estatal, no son menos halagüeñas las perspectivas que avizora el sector privado, tal el caso de San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé y la empresa Manquiri en Potosí, además del complejo Karachipampa del que se asegura que estará en operaciones antes de medio año.
En la planificación de acción inmediata se cuenta el Mutún que al fin parece ingresar en una fase operativa práctica y sin problemas de orden legal que perjudicaron seriamente su ritmo productivo, La fase importante del proyecto será llegar al proceso siderúrgico a través del cual el hierro del Mutún se convierta en acero para fines de exportación con valor agregado.
El otro tema, ya repetitivo, es el que se ejecutará en los salares de Uyuni y Coipasa, en ambos casos con proyectos pilotos donde funcionan plantas experimentales que favorecerán los futuros emprendimientos para pasar de la explotación de varios elementos y especialmente el litio, a la industrialización de las baterías de litio para energizar los vehículos del tiempo venidero.
Lo del zinc y el cobre son otros dos rubros que se manejan de manera dinámica y que por separado tienen avance considerable, consignándose entre los programas de largo aliento en base a contratos de “riesgo compartido” y una buena inversión de la estatal minera del país.
POTENCIAL MINERO
Cuando se habla del potencial minero de Bolivia realmente no hay dudas sobre la vasta gama de recursos que deben ser explorados y pueden ser explotados bajo condiciones favorables para todos los sectores de nuestra minería, empezando por el sector estatal donde se da las mayores ventajas especialmente financieras pero igualmente apoyando el quehacer cotidiano de la minería privada, la situación de los mineros chicos, que poseen cualidades innatas para desarrollar interesantes proyectos, tropieza con el principal escollo para ellos que es la falta de recursos financieros, sin embargo con sus proyectos garantizan fuentes de empleo y tributación segura, incluyendo las regalías mineras.
Si se habla del sector minero mediano hay que hacer referencia a las grandes empresas mineras que trabajan en el país y que actualmente están “controlando” su producción frente a la incertidumbre creada por la conclusión del derecho de concesiones y la migración al sistema de contratos, pero aún en “el limbo” con una licencia transitoria y sin saber si saldrá “pato o gallareta” una vez que se emita oficialmente la nueva Ley Minera.
No es lo misma situación la de los mineros cooperativistas que en realidad son los que han recibido las mayores ventajas con capitales para operaciones, para la adquisición de un ingenio y hasta para arrancar con su propia comercializadora de minerales, aparte de ofertas pendientes de apoyar al sector. En todo caso los mineros cooperativistas están a la espera también de la nueva Ley Minera porque de todos modos deberán acogerse a la misma, en la modalidad de su actividad.
Lo que menos falta son recursos económicos, existen reservas de diferente índole en amplia superficie de nuestro extenso territorio por tanto lo que faltan son políticas adecuadas para generar programas completos de minería que necesariamente deben comenzar en la exploración, verificación, explotación, refinación y exportación, añadiendo las operaciones de metalurgia y siderurgia para mejorar el valor agregado de todos nuestros concentrados.
LA LEY Y GARANTÍAS
La Ley de Minería debió ser adecuadamente consensuada el pasado año de tal suerte que hacia fines del 2010 – como se anunció – se apruebe la norma en la Asamblea Legislativa y se comience el nuevo año con nueva ley pero algunos imponderables impidieron que se cumpla ese deseo.
Sin embargo no puede o no debe pasar más tiempo sin que se aprueba una Ley de Minería que incentive la producción, que atraiga capitales y garantice las inversiones, que elimine los problemas de avasallamientos y defina con mucha claridad los derechos y deberes de explotar los recursos naturales bajo condiciones claras y precisas sobre el uso de tierra, territorio, suelo y subsuelo.
Lo importante es que nuestra ley minera esté en mínima concordancia con las que rigen en la materia en países vecinos y otros mineros para que podamos ser suficientemente competitivos y recuperemos millonarias inversiones que pudieron asentarse en el país, pero migraron a territorios vecinos justamente por las facilidades y seguridades de invertir, recuperar, tributar y ganar, lo que no se da – por lo menos hasta ahora – en el nuestro.
Ya se sabe que existen grandes proyectos, teóricamente, también se conoce el interés mundial sobre nuestras reservas de minerales estratégicos, pero no hay definiciones por falta de reglas claras y lo que es peor por una marcada incertidumbre generada en algunos hechos de avasallamientos que no han sido resueltos y que ponen en vilo a los inversionistas.
Lo que hay que minimizar es la cantidad de anuncios y hacer efectiva una normativa que de una buena vez reactive la minería boliviana, pues no es posible seguir perdiendo la gran oportunidad de aprovechar precios altos y buenas ofertas de inversión.
