La actividad minera es un proceso que merece constante dinámica de renovación para ser beneficiosa y cumplir los objetivos de un diseño de alta producción, rendidora y efectiva, inclusive en sus resultados de orden social.
Lamentablemente en el país de acuerdo a una serie de datos que consignan los trabajos de investigación de expertos en la materia señalan que en el último tiempo no se ha realizado actividades de exploración, salvo algunos intentos del sector privado, pero que se interrumpieron ante las contingencias propias de una situación de incertidumbre por la falta de garantías para invertir y desarrollar proyectos mineros.
Tampoco se han cumplido algunos afanosos intentos de autoridades de la minería nacional en el mismo sentido de explorar, hacer prospección minera y renovar los viejos y agotados yacimientos dependientes aún de la Comibol, donde centenares de trabajadores hacen múltiples esfuerzos por arañar los últimos vestigios de mineral.
Evidentemente se requieren inversiones, y fuertes, para encarar este proceso y si bien hay interés por parte de inversionistas extranjeros y nacionales para desarrollar ese imprescindible paso que garantiza la potencialidad de nuevos yacimientos, resulta que algunos hechos ponen al margen de la legalidad los intentos de explorar y prospectar, son los avasallamientos y la falta de normas precisas que abran las opciones de exploración sin tener que someterse, aún antes de tener resultados, a una "consulta previa de comunarios" que casi con seguridad establece una serie de condicionamientos, no siempre posibles de admitir y cumplir.
La Ley 3787 en plena vigencia obliga a las gobernaciones a invertir no menos del 10 por ciento –debería ser más– de sus regalías mineras en actividades de exploración y en la reactivación productiva del sector, aspecto que según se sabe se cumple en el caso de Oruro, aunque se reconoce que los montos que se utilizan son tan escasos que no permiten avanzar en planes de envergadura para mejorar la actividad minera regional.
Un adelanto –entre líneas– refiere que en el anteproyecto de la nueva Ley Minera se mantendría esa disposición, aún reconociendo que el porcentaje es ínfimo para efectuar grandes trabajos de exploración minera como los que se necesitan para diversificar la actividad minera regional y nacional. Se entiende que justamente los representantes departamentales tendrían que sugerir y exigir que se incrementen los recursos de exploración por considerarse este proceso básico, imprescindible y urgente en su cumplimiento si de veras se quieren mejorar los índices de la producción minera.
Como quiera que el tema de exploración minera debe ampliarse a la inversión privada, la nueva normativa sobre el particular tendría que añadir también un concepto muy claro y preciso que otorgue primero que nada, garantía jurídica a las inversiones y luego incentive el trabajo de prospección para impulsar más proyectos mineros, tan importantes para mejorar la economía nacional y de algunos departamentos en particular.
La minería boliviana necesita ampliarse abriendo todas las opciones que fuesen necesarias a los propósitos de captar capitales, tecnología y el apoyo necesario para dinamizar este sector invalorable en la estrategia económica de la Nación.
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