El ilegal y abusivo avasallamiento de propiedades mineras y la interferencia a la explotación de nuestros recursos naturales, en algunos casos también los petroleros, se convierten en una grave interferencia a posibles inversiones en tales rubros y además de mantener la incertidumbre sobre la seguridad jurídica vigente en nuestro país son la causa de una pérdida en el TGN y las regiones por la abierta evasión impositiva en que incurren.
El hecho ha sido reconocido desde un viceministerio de política minera al admitir que las minas "tomadas" irregularmente no tributan al Estado y tampoco pagan regalías a las regiones, lo que indudablemente constituye un lamentable perjuicio.
Se trata de sumar delito sobre delito y sin que exista solución legal al respecto, pues ni se rescatan las propiedades, ni se sanciona a los culpables y tampoco se evita la flagrante evasión tributaria. Pero no es todo porque según un experto en minería los avasalladores también se benefician de subvenciones como la que existe para el diesel que alimenta equipos y plantas mineras.
Un paquete de delitos que siguen en la impunidad.
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