Menos mal es lo primero que se debe señalar cuando en el nivel gubernamental a través del ministerio de área se anuncia que “la minería privada no será nacionalizada”.
No se trata sólo de un alivio entre los empresarios mineros del país, sino particularmente de una muestra de garantizar las inversiones que actualmente dan vida a varios e importantes proyectos mineros, inclusive del Estado y otros grandes emprendimientos privados que están en la gran minería y en la mediana.
Lo especial es que se anula la visión negativa del país con mucha riqueza mineral y pocas condiciones favorables para su explotación, debido a factores de inseguridad y falta de garantías apropiadas para atraer y mantener inversiones, necesarias y hasta ineludibles si se quiere pensar en un despegue de la minería como sustento básico de la economía nacional.
Si bien se habla de que no habrán nacionalizaciones, se explica que de todos modos se introduce en el proceso de relación entre empresarios, inversionistas y Gobierno la forma de que las concesiones en actual vigencia puedan “migrar” a contratos mineros en base a lo que estipula la nueva CPE en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales, (no renovables).
Algunos temores han sido despejados especialmente en lo que corresponde a la Mina San Cristóbal, en el momento una de las empresas con millonaria inversión, cuya nacionalización ha sido descartada oficialmente según lo confirmó el Ministro de Minería.
Si hay algo que se debe tomar en cuenta es la prisa con que se pretende estructurar el proyecto de una Ley Minera enmarcada en la CPE vigente desde febrero del 2008. Ese instrumento regulará el proceso de migración de los contratos, toda vez que en la Carta Magna se anularon las patentes y las concesiones, por lo tanto urge “restablecer” una nueva modalidad de relaciones entre el Estado y los inversionistas y empresarios privados, regulando la nueva forma de los contratos.
La nueva Ley de Minería, que sustituirá al Código Minero, deberá contemplar más que restricciones un programa de incentivo a las inversiones, de tal suerte que manteniendo la idea presidencial de “no patrones…sino socios”, se articulen verdaderos programas que con las seguridades legales y sociales necesarias permitan impulsar la minería en su totalidad, la chica, la mediana, la cooperativizada y la grande, pero además ampliando los proyectos de industrialización fortaleciendo la metalurgia y la siderurgia.
No se trata sólo de un alivio entre los empresarios mineros del país, sino particularmente de una muestra de garantizar las inversiones que actualmente dan vida a varios e importantes proyectos mineros, inclusive del Estado y otros grandes emprendimientos privados que están en la gran minería y en la mediana.
Lo especial es que se anula la visión negativa del país con mucha riqueza mineral y pocas condiciones favorables para su explotación, debido a factores de inseguridad y falta de garantías apropiadas para atraer y mantener inversiones, necesarias y hasta ineludibles si se quiere pensar en un despegue de la minería como sustento básico de la economía nacional.
Si bien se habla de que no habrán nacionalizaciones, se explica que de todos modos se introduce en el proceso de relación entre empresarios, inversionistas y Gobierno la forma de que las concesiones en actual vigencia puedan “migrar” a contratos mineros en base a lo que estipula la nueva CPE en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales, (no renovables).
Algunos temores han sido despejados especialmente en lo que corresponde a la Mina San Cristóbal, en el momento una de las empresas con millonaria inversión, cuya nacionalización ha sido descartada oficialmente según lo confirmó el Ministro de Minería.
Si hay algo que se debe tomar en cuenta es la prisa con que se pretende estructurar el proyecto de una Ley Minera enmarcada en la CPE vigente desde febrero del 2008. Ese instrumento regulará el proceso de migración de los contratos, toda vez que en la Carta Magna se anularon las patentes y las concesiones, por lo tanto urge “restablecer” una nueva modalidad de relaciones entre el Estado y los inversionistas y empresarios privados, regulando la nueva forma de los contratos.
La nueva Ley de Minería, que sustituirá al Código Minero, deberá contemplar más que restricciones un programa de incentivo a las inversiones, de tal suerte que manteniendo la idea presidencial de “no patrones…sino socios”, se articulen verdaderos programas que con las seguridades legales y sociales necesarias permitan impulsar la minería en su totalidad, la chica, la mediana, la cooperativizada y la grande, pero además ampliando los proyectos de industrialización fortaleciendo la metalurgia y la siderurgia.
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