El Gobierno, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia, envió ayer por la tarde a los bancos el número de cuenta en la que depositarán los 18 millones de dólares de las boletas de garantía de la india Jindal Steel Bolivia (JSB).
La información fue proporcionada anoche por el ministro de Minería, José Pimentel. Esta decisión, señaló, se asumió de manera independiente de las conversaciones que se realizaban en Puerto Suárez, entre el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y los representantes de Jindal.
“Sí, al margen. La ejecución de las boletas es una decisión tomada, eso no se cambia, y las negociaciones tienen que ir sobre las nuevas condiciones para reanudar operaciones o finalmente la disolución del contrato”.
Los cívicos de Puerto Suárez reaccionaron enojados al conocer la noticia y anunciaron medidas de presión. “Esto cambia totalmente la situación. Así como dijimos en la reunión que se atengan a las consecuencias, mañana veremos las medidas que vamos a tomar. Empezamos mañana o el lunes con las medidas de presión”.
Ayer desde las 10.00 hasta las 20.30, aproximadamente, se reunieron en las oficinas de la ESM, en la ciudad de Puerto Suárez, el Presidente del Directorio de la ESM, los tres directores de la región, los cívicos y cuatro representantes de la empresa india.
El encuentro terminó sin un acuerdo. Por la mañana, según informó Alandia, Jindal estaba dispuesta a asumir la sanción (el cobro de las boletas de garantía), pero por la tarde se negó a aceptarla. De modo que la reunión quedó en un cuarto intermedio.
Los cívicos demandaron, según Santander, la mediación del presidente Evo Morales para que en ese nivel se pueda frenar el cobro de las boletas de garantía, y se quedó en un nuevo encuentro para el martes o miércoles, esta vez con la presencia de todo el Directorio de la ESM, la Jindal y los cívicos.
En el encuentro, Alandia no comunicó que en horas de la tarde el Gobierno había enviado a los bancos Bisa y Crédito de Bolivia el número de cuenta y que había instruido el traspaso de los 18 millones de dólares. “Es una falta de respeto, nos ha tenido (en referencia a Sergio Alandia, presidente de la ESM) todo el día para ver si se cobra o no las boletas. Ni siquiera tuvo el valor de decirnos que ya las había cobrado”, sostuvo Santander.
El Ministro de Minería replicó: “No tenemos por qué comunicarles”. Se supone que las negociaciones eran para ver qué se hacía con las boletas, ¿por lo menos Jindal pidió a Alandia que se frene el cobro?, preguntó La Prensa. “No, una vez que el Directorio de la ESM decidió el cobro, la parte Ejecutiva —respondió Pimentel— tenía la obligación de cumplir una decisión de la empresa”.
Frente a esta nueva situación, para Pimentel, lo único que queda es el arbitraje. En una entrevista en la Red Uno, el Ministro señaló, respecto del argumento de Jindal y los cívicos de que el Gobierno también incumplió porque no habría entregado toda la tierra, que “eso lo va poner en el balance el tribunal, no hay otra alternativa. A esta altura, hemos llegado a una situación que solamente el tribunal puede decidir quién tiene la culpa o qué responsabilidades se tienen”.
Así se cierra un capítulo en la relación Gobierno-Jindal, que comenzó en junio de 2007 con la firma de un contrato que tenía la expectativa de traer al país 2.100 millones de dólares de inversión e instalar la industria metalúrgica en Puerto Suárez.
Se tenía la esperanza de generar 500 empleos directos y 2.500 indirectos. Ante esta ilusión, gente de todo el país, especialmente de la Chiquitania, se trasladó a esa ciudad, donde se crearon cuatro nuevos barrios, que debido a la falta de apoyo aún carecen de servicios básicos.
El Gobierno tenía la expectativa de que cada año ingresen en sus arcas 200 millones de dólares.
Lo queda ahora son las amenazas de movilización de los cívicos de Puerto Suárez y de los desocupados de Oruro, que pedían mantener el contrato para la generación de empleo. Y la decisión del Gobierno de impulsar la explotación del otro 50 por ciento del cerro del Mutún, pero tan sólo con 11 millones de dólares, que para los expertos en materia minera es un planteamiento “poco serio”.
La realización de la próxima reunión, que fue acordada ayer por la noche entre la ESM y la Jindal, es incierta. Jindal aún no se ha pronunciado, pero su presidente, Arvin Sharma, adelantó a La Prensa, el miércoles, que de ninguna manera aceptará una sanción, porque considera que quien ha incumplido el contrato es el Gobierno, porque aún no les entregó toda la tierra, y por tanto considera ilegal la ejecución de las boletas de garantía.
El superintendente de Jindal, René Soria Galvarro, dijo que si se cobran las boletas plantearán un arbitraje internacional. El Gobierno está dispuesto a ir a un arbitraje, pero en el marco del contrato, que señala que éste se realizará en Bolivia pero con el derecho internacional.
Para el Ministro de Minería, el principal argumento es que Jindal ha incumplido su contrato por tres razones: no pagó el derecho de explotación de un millón de dólares de la gestión 2009, no renovó a tiempo las boletas de garantía y sus anuncios de renovación fueron rechazados porque ofreció boletas condicionadas, según Alandia, y porque no presentó su plan de inversiones en el plazo determinado.
Los cívicos de Puerto Suárez decidirán hoy las medidas de presión porque se frustra un proyecto que prometía mejores días para la región.
Cívicos de Puerto Suárez consideran que Alandia les faltó al respeto.
Para destacar
El contrato con Jindal Steel Bolivia (JSB) se firmó en julio de 2007 en la ciudad de Santa Cruz.
El compromiso inicial era una inversión de 2.100 millones de dólares en ocho años.
El ministro de Minería, José Pimentel, informó que Jindal invirtió en dos años sólo 12 millones de dólares.
La Jindal asegura que invirtió 20 millones de dólares y que el Gobierno de Bolivia no le entregó todo el terreno prometido.
El Gobierno demoró un año para entregar los títulos de todo el terreno, lo hizo el 26 de abril de 2009.
La Jindal insistió en que hasta el último momento no tuvo acceso a 1.500 hectáreas donde tenía que instalar la planta.
El 9 de marzo de 2010, el Gobierno y la Jindal acordaron postergar el cronograma de ejecución de las inversiones.
El nuevo plazo para el cómputo, según los acuerdos del 9 de marzo, era el 26 de abril, pero el acuerdo no fue respetado.
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