Cuando se habla de la minería del país no hay dudas sobre el potencial de los recursos naturales que tiene nuestro territorio y de manera particular la región occidental cuya explotación asegura un futuro sin restricciones para encarar el desarrollo socio económico que elimine dependencias y garantice el curso de un proceso sostenido con nuestros propios recursos provenientes de un modelo dinámico que otorgue facilidades a los industriales mineros y garantice las inversiones.
Aunque no se quiera reconocer ciertos errores en la estructura administrativa del sistema minero nacional es evidente que en la actualidad se tropieza con una serie de problemas justamente en los dos proyectos más importantes, el caso del Mutún que comenzó con aires triunfalistas y parecía que su avance sería imparable, sin embargo, fallas de orden legal con el tema de la entrega de tierras a la operadora hindú ocasionaron un desfase que ahora está aún bajo serias observaciones en el Poder Ejecutivo que asimismo asegura la vigencia de convenios y por supuesto la continuidad de la operación.
Otro caso es el que corresponde al litio cuya explotación inicial corresponderá a una planta piloto que se instala en el Salar de Uyuni con recursos del Estado y se mencionó de otra que se implementará en Coipasa, ambas para explotación primaria de carbonato de litio y otros subproductos hasta llegar a la fase industrial del liviano mineral y convertirlo a través de baterías en la fuente de energía para los moderno vehículos que descarten los combustibles fósiles.
Los problemas son emergentes de posiciones regionalistas tanto en Potosí como en Oruro reclamando que la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos funcione en Potosí y que incluya en su directorio de delegados profesionales y cívicos de ambos departamentos. Se abrogó un decreto y ahora se espera otra medida para aclarar esa situación.
En otra escala de lo que significa el tratamiento del tema minero no se puede eludir la actividad que se desarrolla bajo control estatal, el caso de la mina más importante por sus reservas de estaño, Huanuni, pero con una sobrecarga de trabajadores que resulta un peso difícil de aliviar en el orden económico. Hay que añadir la proyección de ampliación de la Fundición de Vinto, proceso que marcha con lentitud, aunque se anuncia un emprendimiento de diversificación del sistema metalúrgico que significará una millonaria inversión que todavía no ha sido establecida.
En el orden de la minería privada, la mediana confronta ciertos problemas que están referidos sobre todo a la falta de garantías para las inversiones, al asedio de los “comunarios originarios” ávidos en su intención de ser parte de los proyectos, pero sin inversiones ni aportes financieros y técnicos. La minería “chica” con interesantes perspectivas de trabajo, pero igualmente con limitaciones financieras para mejorar sus planes de expansión y el uso de moderna tecnología… también se sienten inseguros ante los avasallamientos a concesiones mineras, situación que persiste y en algunos casos sin remedio.
Otros problemas de orden legal ponen en alerta a inversionistas, especialmente a los que quisieran compartir sus capitales en sociedades accidentales pero que al no tener incentivos tributarios y garantías apropiadas no son factibles de concretarse, convirtiéndose en capitales en tránsito a países vecinos donde hay facilidades y seguridades para emprender grandes proyectos mineros.
Un experto en materia minera, ex ministro del ramo, comentaba recientemente sobre las dudas que existen entre los productores de la minería y de posibles inversionistas cuando no se aclaran las reglas de juego, especialmente en el tema tributario que según la nueva CPE tendrá a toda la cadena productiva bajo control estatal, lo que significa que los empresarios privados sólo podrán acceder a contratos de tipo “accidental o transitorio”, por tanto no hay seguridad en lo que corresponde a la recuperación de capitales sabiendo que la utilidad final será compartida entre Estado y operadores y estos últimos obligados además a reinvertir las ganancias en el país.
Pueden ser medidas estrictamente “proteccionistas” desde la óptica del Estado, pero al mismo tiempo puede significar una forma de ahuyentar capitales y la tecnología que no podrá asentarse en nuestro país, pese a la maravillosa perspectiva del potencial en las reservas mineralizadas en todo el país.
El Código Minero del que se habló mucho en la gestión del anterior ministro tal parece que no avanzó en su planificación original de ahí que a la fecha no hay un documento que sea debidamente socializado entre los dirigentes y sectores interesados en las futuras operaciones mineras, que de cualquier modo deben conocer en detalle el contenido de lo que será la norma del desempeño minero metalúrgico del país.
Dadas las expectativas creadas a nivel internacional por las reservas que tiene Bolivia en materia de hierro y de litio, consideradas las más importantes del mundo, es lógico que entre las grandes empresas inversionistas exista un marcado interés para tentar inversiones a través de sociedades conformadas en el marco de algunas disposiciones vigentes, pero que no son parte aún del código minero que debería ser elaborado a la brevedad para reglamentar las inversiones y las formas legales de acceder a futuras operaciones de exploración, explotación, industrialización y comercialización de nuestros minerales.
El potencial minero del país debe dar paso a la apertura de negociaciones urgentes entre el Estado y los inversionistas, única manera de garantizar una activa y positiva perspectiva minera.
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