Frente a una creciente producción aurífera informal en menor escala, casi todos los sectores extractivos que provienen de La Paz, ríos del Beni, Santa Cruz y zonas fronterizas son informales e ilegales, representando una pérdida económica para el Estado y a las regiones de diez veces más de lo que se produce, según el analista Ronald Terceros.
Las cooperativas mineras e informales son las primeras en comercializar el recurso natural al Perú, Brasil y otros países, con un valor muy económico, en relación a los mercados internacionales, donde el sistema cooperativo no paga impuestos en desmedro de las zonas, donde se encuentran las reservas.
El Estado no tiene un sistema de control de la cadena de usufructo, a lo largo de todo el ciclo del mineral del oro, reconocen autoridades de Gobierno, “como es el caso del río Suches”.
Se debe identificar, dijo, todos los puntos críticos donde el oro cambia de manos, con el fin de crear un mercado, con los respectivos controles de calidad y garantizar al consumidor la procedencia legal del oro.
“La explotación del “oro regionalizado” no se enmarca dentro el Código Minero, ya que el pago de alicuotas no es verificado por un ente fiscalizador del Estado. Por otra parte, se estaría contribuyendo a la exportación directa a través del contrabando por parte del productor o intermediarios”, añadió.
Pese a las leyes y normativas, al momento no existe un sistema de control a las comercializadoras (acopiadoras), que permita asegurar mercados legales al producto, lo que permitiría a los mineros acceder a mayores ingresos y viabilizar tecnología más limpia, seguridad, salud y otras posibilidades que mejoren la calidad de vida de los trabajadores.
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