Si el Gobierno está en condiciones de financiar proyectos del sector de los cooperativistas mineros, para que estos puedan enfrentar los vaivenes que se producen en la cotización de minerales a nivel internacional, seguramente debería también disponer otro tanto en materia financiera a favor del sector de industriales mineros “chicos” que han insistido en la reposición del Banco Minero que otrora facilitaba créditos para impulsar proyectos de ese sector.
Está visto que si hay algo que se necesita en Bolivia para desarrollar grandes proyectos es el financiamiento de capitales que permitan consolidar una variedad de proyectos, entre estos principalmente los que corresponden a la exploración y explotación de los recursos naturales.
Si bien en el rubro de hidrocarburos existe una política diferente a la que rige para la minería no hay que dejar de lado el interés abierto a la obtención de capitales para encarar distintos proyectos, desde la simple exploración, pasando por la explotación y llegando inclusive como máxima meta a la industrialización de nuestra materia prima, es lo que se necesita también en el rubro de la minería.
La estatal del petróleo YPFB tiene capacidad de establecer los convenios que fueran necesarios para que empresas del ramo y con alta capacidad de su personal accionen los proyectos nacionales. En minería podría ser la Comibol que instrumente similar actividad, empero lo que no tiene son los recursos financieros para impulsar por ejemplo a los industriales mineros que insisten en la recuperación del Banco Minero de Bolivia.
Los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) deben ser distribuidos de manera equitativa entre los sectores activos de la producción nacional de manera tal que se prioricen las actividades, los proyectos “rentables” que aseguren un retorno de capital y un sostenimiento prolongado de orden social, el caso de fuentes de empleo, que en la minería son imprescindibles y en gran escala, no sucede lo mismo con hidrocarburos que ocupa menor cantidad de trabajadores, aún midiendo la magnitud de emprendimientos en ambos casos.
Los proyectos mineros “chicos”, los de mediana condición, los grandes y los del sector cooperativizado necesitan apoyo financiero extraordinario, que no puede solventar el Estado por razones obvias, de ahí que se sugieren las condiciones de aplicar la modalidad de “riesgos compartidos” a partir de la inclusión de capitales, sean externos o nativos, para solventar proyectos que producirán utilidades a través de impuestos y regalías, pero sobre todo las divisas que hacen fuerte el TGN.
Los fondos estatales deben distribuirse equitativamente, considerando que nunca serán malas las inversiones que se hagan para utilizar nuestros propios recursos en beneficio nacional y para fomentar mayores inversiones que multiplicarán las utilidades en cualquier parte del país pero principalmente allí donde se ejecuta un proyecto de la minería.
Las actividades productivas merecen particular atención gubernamental y si las mismas están directamente relacionadas con hidrocarburos o minería deben ser de atención inmediata, dadas las condiciones de su rentabilidad y su uso en la diversificación económica nacional. La minería siempre fue sustento de la economía nacional y sus beneficios sirvieron al despegue de otras regiones, ahora lo que se demanda es una retribución a partir de la dotación equitativa de recursos financieros para el impulso de la minería privada.
Está visto que si hay algo que se necesita en Bolivia para desarrollar grandes proyectos es el financiamiento de capitales que permitan consolidar una variedad de proyectos, entre estos principalmente los que corresponden a la exploración y explotación de los recursos naturales.
Si bien en el rubro de hidrocarburos existe una política diferente a la que rige para la minería no hay que dejar de lado el interés abierto a la obtención de capitales para encarar distintos proyectos, desde la simple exploración, pasando por la explotación y llegando inclusive como máxima meta a la industrialización de nuestra materia prima, es lo que se necesita también en el rubro de la minería.
La estatal del petróleo YPFB tiene capacidad de establecer los convenios que fueran necesarios para que empresas del ramo y con alta capacidad de su personal accionen los proyectos nacionales. En minería podría ser la Comibol que instrumente similar actividad, empero lo que no tiene son los recursos financieros para impulsar por ejemplo a los industriales mineros que insisten en la recuperación del Banco Minero de Bolivia.
Los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) deben ser distribuidos de manera equitativa entre los sectores activos de la producción nacional de manera tal que se prioricen las actividades, los proyectos “rentables” que aseguren un retorno de capital y un sostenimiento prolongado de orden social, el caso de fuentes de empleo, que en la minería son imprescindibles y en gran escala, no sucede lo mismo con hidrocarburos que ocupa menor cantidad de trabajadores, aún midiendo la magnitud de emprendimientos en ambos casos.
Los proyectos mineros “chicos”, los de mediana condición, los grandes y los del sector cooperativizado necesitan apoyo financiero extraordinario, que no puede solventar el Estado por razones obvias, de ahí que se sugieren las condiciones de aplicar la modalidad de “riesgos compartidos” a partir de la inclusión de capitales, sean externos o nativos, para solventar proyectos que producirán utilidades a través de impuestos y regalías, pero sobre todo las divisas que hacen fuerte el TGN.
Los fondos estatales deben distribuirse equitativamente, considerando que nunca serán malas las inversiones que se hagan para utilizar nuestros propios recursos en beneficio nacional y para fomentar mayores inversiones que multiplicarán las utilidades en cualquier parte del país pero principalmente allí donde se ejecuta un proyecto de la minería.
Las actividades productivas merecen particular atención gubernamental y si las mismas están directamente relacionadas con hidrocarburos o minería deben ser de atención inmediata, dadas las condiciones de su rentabilidad y su uso en la diversificación económica nacional. La minería siempre fue sustento de la economía nacional y sus beneficios sirvieron al despegue de otras regiones, ahora lo que se demanda es una retribución a partir de la dotación equitativa de recursos financieros para el impulso de la minería privada.
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