Conflicto: La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no consultó a los pueblos originarios sobre la puesta en marcha del proyecto cuprífero, los comunarios reclaman sus derechos sobre el agua, exigen una compensación por la tierra y contar con información del desarrollo del proyecto y el plan de mitigación de los efectos en el ambiente.
Al menos seis comunidades de la provincia Pacajes (departamento de La Paz) reclaman a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el uso del agua que corre por los ríos Pontezuelo y otros dos sin nombre, que fueron afectados por la puesta en operación de la Planta Hidrometalúrgica de Corocoro.
El conflicto también se extiende a la disputa de 15 hectáreas que ocupó el proyecto minero en la instalación de un dique de cola (piscina de agua con residuos de mineral) que reclaman entre seis y doce familias de las comunidades Ninoka Chico y Calari Chico.
El gerente de la planta Corocoro, Gustavo Choque, negó que exista un desvío del agua, pero reconoció que se trabajó en el lugar donde se divide el curso de Pontezuelo para aprovechar el caudal profundo que se desperdiciaba.
Además, en la Comibol informaron que hace dos meses se solicitó la documentación de los propietarios de la tierra, pero no hay todavía una respuesta.
En un recorrido por la planta hidrometalúrgica, el pueblo de Corocoro y comunidades aledañas, La Prensa pudo recoger el testimonio de ex autoridades mallkus de la provincia, autoridades originarias, comunarios afectados y autoridades de Comibol.
El municipio de Corocoro tiene cerca de 11.813 habitantes, según datos del Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE). El pueblo con sus once comunidades se encuentra a 120 kilómetros al sudoeste de La Paz.
El conflicto se originó en 2008, cuando los comunarios fueron sorprendidos con la llegada de tractores al municipio. Ex autoridades y comunarios, incluso trabajadores de la mina de Corocoro, confirmaron que ni el Ministerio de Minería ni la Comibol consultaron sobre la instalación de la planta de explotación de cobre como lo establece el artículo 30 de la Constitución Política del Estado.
Aseguraron que en 2007, cuando llegó el presidente Evo Morales, recibieron con aceptación la propuesta de volver a operar la mina, luego sólo vieron las máquinas. El 27 de octubre, el día del inicio oficial de las operaciones, un grupo de comunarios que afirman ser los representantes de un ayllu, entre ellos Rafael Quispe, denunció que el proyecto carecía de la licencia ambiental (obtenida el 12 de noviembre) y además produjo un derrame de desechos contaminantes en el río que atraviesa la planta.
Ese grupo cortó el suministro del agua para la planta y a la población de Corocoro al devolver al río Pontezuelo a su cauce natural.
Habitantes de Calani Sikuipata mostraron que en Tancani, donde se divide el río Pontezuelo, la Comibol removió la arena de un lado del río, acción que les dejó sin agua entre mayo y octubre.
Toribio Quispe contó que tradicionalmente siempre se compartió el agua, incluso que en el lugar otras empresas mineras construyeron en 1969 un muro de aproximadamente tres metros de largo por casi un metro de profundidad de donde parte una cañería que lleva el líquido hacia Corocoro. Miguel Casas Yujra, de Sikuipata, dijo que la construcción servía para que el agua profunda fuese a la mina y la superficial, al riego de los cultivos y para los animales.
Sikuipata, Chijchi, General Pando, Rosapata Huancarama y otras comunidades hasta llegar al río Desaguadero en Oruro están afectadas, aunque sólo reclaman las que están en la provincia Pacajes.
Casas explicó que entre abril y noviembre es la época seca porque no llueve, entonces el agua disminuye, con la profundización de la zanja, toda la corriente se desvió a la planta hidrometalúrgica. Desde el domingo 22 esta corriente ha vuelto a proveer a Sikuipata.
En el otro extremo está la comunidad Ninoka Chico, cuyos habitantes manifestaron su temor a la contaminación del río que pasa por la planta y llega a sus propiedades para los sembradíos y la crianza de animales. También por la contaminación del líquido que sacan de pozos.
Carmen Martínez explicó que en una ocasión, aproximadamente hace tres meses, llegó un agua verde con residuos de ácido sulfúrico y cobre que mató a algunos animales.
Valentín Vargas, de la comunidad de Ninoka Chico, confirmó esta contaminación: “Un día la luz se cortó y el caldero lo tenían lleno, eso ha sido desechado y se ha vaciado al río”. Dijo que esa agua se vierte en el río Mauri y luego va a Oruro. Esta comunidad tiene el problema de las tierras que fueron ocupadas por la Comibol.
El representante del Colectivo Casa-Oruro y miembro del Foro Boliviano de Medio Ambiente (Fobomade) Emilio Madrid explicó que los proyectos mineros demandan agua como insumo, entonces se genera un conflicto porque los habitantes se quedan sin el líquido.
En este caso se da una sobreposición de derechos porque el Código Minero privilegia para el concesionario de un yacimiento el uso de aguas que estén dentro de su área operativa; sin embargo, la Constitución establece su uso como un derecho fundamental de la vida.
Choque; el director de Proyectos de la Comibol, Narciso Cardozo, y el gerente técnico de Proyectos, Hernán Uribe, se comprometieron con los comunarios de Calani Sikuipata a dotarles de un tractor para cavar k’otañas, que son pozos donde se acumula el agua de lluvia.
Cobre no tiene comprador
Las 150 toneladas de cobre que produjo hasta ahora la Planta Hidrometalúrgica de Corocoro aún no tienen un mercado seguro. Primero se debe contar con los resultados de un análisis del mineral que permita conocer el contenido de impurezas.
El gerente técnico de Proyectos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hernán Uribe, explicó que se tomaron muestras de las planchas de cobre y fueron enviadas a Chile para que se cuantifiquen y establezcan los otros componentes del mineral, aunque adelantó que se conoce que es 99,9 por ciento cobre puro.
Una vez que se tenga el resultado se podrá establecer el precio, que se basará en las cotizaciones internacionales, y se podrá licitar la venta.
El gerente de la planta de Corocoro, Gustavo Choque, agregó que existe el interés de empresas de Chile y de Europa porque el mineral tiene una alta demanda.
Corocoro empezó a operar el 27 de octubre con una capacidad del 30 por ciento, su máximo nivel le permitirá obtener 3.500 toneladas anuales.
Choque señaló que las máquinas y el proceso de obtención del mineral aún están en etapa de ajustes en potencia, capacidad operativa, procesado del mineral y otros detalles.
La planta opera en su primera fase en la obtención de cobre de los relaves y colas que dejó un primer proyecto de 1980.
Proyecto Corocoro
El 29 de marzo de 2007, el presidente Evo Morales anunció la reactivación del Complejo Metalúrgico de Corocoro.
El trabajo de desmontaje de la Planta de Lequeleque (Corocoro) se lo adjudicó a Metal Mecánica Moscú.
El 27 de octubre se inauguraron oficialmente las operaciones de la planta hidrometalúrgica para producir cobre.
El proceso que se usa en esta operación es el de lixiviación, que tiene como insumos el agua y el ácido sulfúrico.
Para obtener el mineral se instalaron unas fosas rectangulares para contener las mezclas de líquidos.
La más contaminante es el dique de colas, donde se depositan los residuos finales del procesado del mineral.
La consulta no se hizo a los habitantes del municipio Corocoro.
Al menos seis comunidades de la provincia Pacajes (departamento de La Paz) reclaman a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el uso del agua que corre por los ríos Pontezuelo y otros dos sin nombre, que fueron afectados por la puesta en operación de la Planta Hidrometalúrgica de Corocoro.
El conflicto también se extiende a la disputa de 15 hectáreas que ocupó el proyecto minero en la instalación de un dique de cola (piscina de agua con residuos de mineral) que reclaman entre seis y doce familias de las comunidades Ninoka Chico y Calari Chico.
El gerente de la planta Corocoro, Gustavo Choque, negó que exista un desvío del agua, pero reconoció que se trabajó en el lugar donde se divide el curso de Pontezuelo para aprovechar el caudal profundo que se desperdiciaba.
Además, en la Comibol informaron que hace dos meses se solicitó la documentación de los propietarios de la tierra, pero no hay todavía una respuesta.
En un recorrido por la planta hidrometalúrgica, el pueblo de Corocoro y comunidades aledañas, La Prensa pudo recoger el testimonio de ex autoridades mallkus de la provincia, autoridades originarias, comunarios afectados y autoridades de Comibol.
El municipio de Corocoro tiene cerca de 11.813 habitantes, según datos del Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE). El pueblo con sus once comunidades se encuentra a 120 kilómetros al sudoeste de La Paz.
El conflicto se originó en 2008, cuando los comunarios fueron sorprendidos con la llegada de tractores al municipio. Ex autoridades y comunarios, incluso trabajadores de la mina de Corocoro, confirmaron que ni el Ministerio de Minería ni la Comibol consultaron sobre la instalación de la planta de explotación de cobre como lo establece el artículo 30 de la Constitución Política del Estado.
Aseguraron que en 2007, cuando llegó el presidente Evo Morales, recibieron con aceptación la propuesta de volver a operar la mina, luego sólo vieron las máquinas. El 27 de octubre, el día del inicio oficial de las operaciones, un grupo de comunarios que afirman ser los representantes de un ayllu, entre ellos Rafael Quispe, denunció que el proyecto carecía de la licencia ambiental (obtenida el 12 de noviembre) y además produjo un derrame de desechos contaminantes en el río que atraviesa la planta.
Ese grupo cortó el suministro del agua para la planta y a la población de Corocoro al devolver al río Pontezuelo a su cauce natural.
Habitantes de Calani Sikuipata mostraron que en Tancani, donde se divide el río Pontezuelo, la Comibol removió la arena de un lado del río, acción que les dejó sin agua entre mayo y octubre.
Toribio Quispe contó que tradicionalmente siempre se compartió el agua, incluso que en el lugar otras empresas mineras construyeron en 1969 un muro de aproximadamente tres metros de largo por casi un metro de profundidad de donde parte una cañería que lleva el líquido hacia Corocoro. Miguel Casas Yujra, de Sikuipata, dijo que la construcción servía para que el agua profunda fuese a la mina y la superficial, al riego de los cultivos y para los animales.
Sikuipata, Chijchi, General Pando, Rosapata Huancarama y otras comunidades hasta llegar al río Desaguadero en Oruro están afectadas, aunque sólo reclaman las que están en la provincia Pacajes.
Casas explicó que entre abril y noviembre es la época seca porque no llueve, entonces el agua disminuye, con la profundización de la zanja, toda la corriente se desvió a la planta hidrometalúrgica. Desde el domingo 22 esta corriente ha vuelto a proveer a Sikuipata.
En el otro extremo está la comunidad Ninoka Chico, cuyos habitantes manifestaron su temor a la contaminación del río que pasa por la planta y llega a sus propiedades para los sembradíos y la crianza de animales. También por la contaminación del líquido que sacan de pozos.
Carmen Martínez explicó que en una ocasión, aproximadamente hace tres meses, llegó un agua verde con residuos de ácido sulfúrico y cobre que mató a algunos animales.
Valentín Vargas, de la comunidad de Ninoka Chico, confirmó esta contaminación: “Un día la luz se cortó y el caldero lo tenían lleno, eso ha sido desechado y se ha vaciado al río”. Dijo que esa agua se vierte en el río Mauri y luego va a Oruro. Esta comunidad tiene el problema de las tierras que fueron ocupadas por la Comibol.
El representante del Colectivo Casa-Oruro y miembro del Foro Boliviano de Medio Ambiente (Fobomade) Emilio Madrid explicó que los proyectos mineros demandan agua como insumo, entonces se genera un conflicto porque los habitantes se quedan sin el líquido.
En este caso se da una sobreposición de derechos porque el Código Minero privilegia para el concesionario de un yacimiento el uso de aguas que estén dentro de su área operativa; sin embargo, la Constitución establece su uso como un derecho fundamental de la vida.
Choque; el director de Proyectos de la Comibol, Narciso Cardozo, y el gerente técnico de Proyectos, Hernán Uribe, se comprometieron con los comunarios de Calani Sikuipata a dotarles de un tractor para cavar k’otañas, que son pozos donde se acumula el agua de lluvia.
Cobre no tiene comprador
Las 150 toneladas de cobre que produjo hasta ahora la Planta Hidrometalúrgica de Corocoro aún no tienen un mercado seguro. Primero se debe contar con los resultados de un análisis del mineral que permita conocer el contenido de impurezas.
El gerente técnico de Proyectos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hernán Uribe, explicó que se tomaron muestras de las planchas de cobre y fueron enviadas a Chile para que se cuantifiquen y establezcan los otros componentes del mineral, aunque adelantó que se conoce que es 99,9 por ciento cobre puro.
Una vez que se tenga el resultado se podrá establecer el precio, que se basará en las cotizaciones internacionales, y se podrá licitar la venta.
El gerente de la planta de Corocoro, Gustavo Choque, agregó que existe el interés de empresas de Chile y de Europa porque el mineral tiene una alta demanda.
Corocoro empezó a operar el 27 de octubre con una capacidad del 30 por ciento, su máximo nivel le permitirá obtener 3.500 toneladas anuales.
Choque señaló que las máquinas y el proceso de obtención del mineral aún están en etapa de ajustes en potencia, capacidad operativa, procesado del mineral y otros detalles.
La planta opera en su primera fase en la obtención de cobre de los relaves y colas que dejó un primer proyecto de 1980.
Proyecto Corocoro
El 29 de marzo de 2007, el presidente Evo Morales anunció la reactivación del Complejo Metalúrgico de Corocoro.
El trabajo de desmontaje de la Planta de Lequeleque (Corocoro) se lo adjudicó a Metal Mecánica Moscú.
El 27 de octubre se inauguraron oficialmente las operaciones de la planta hidrometalúrgica para producir cobre.
El proceso que se usa en esta operación es el de lixiviación, que tiene como insumos el agua y el ácido sulfúrico.
Para obtener el mineral se instalaron unas fosas rectangulares para contener las mezclas de líquidos.
La más contaminante es el dique de colas, donde se depositan los residuos finales del procesado del mineral.
La consulta no se hizo a los habitantes del municipio Corocoro.
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