La Autoridad de Fiscalización y Control de Suelos y Tierras reveló ayer que el valor catastral que se determinó para los 18 predios de tierras aledañas al Mutún fue fijado en gabinete (oficina).
El Gobierno tomó en cuenta este informe para destituir a Guillermo Dalence como presidente del directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), bajo la presunción de que había adquirido los predios con sobreprecio.
En un documento, la ex Superintendencia Agraria fijó un valor de 46.311 dólares, pero el ex ejecutivo compró en 2,1 millones de dólares.
La reguladora informó ayer que “los referidos valores referenciales tuvieron un carácter estimativo que se basaban en criterios fijados en gabinete (oficina) para cada predio”, estableciendo así precios variables para cada predio que fluctuaban entre 19 y 254 bolivianos por hectárea.
La Fiscalía, por su lado, informó ayer que se pagaron 14 millones de bolivianos de los 15,2 millones destinados por el Decreto 085 para la compra de 2.537 hectáreas de tierras para el proyecto siderúrgico del Mutún y que existen resoluciones que autorizan la adquisición.
El fiscal Prudencio Flores no dio los nombres de los propietarios que recibieron el pago porque eso es lo que se investiga, además del número de propiedades adquiridas.
La compra de estos terrenos por Dalence fue denunciada ante el Ministerio Público por el Ministerio de Transparencia por supuesto sobreprecio. El principal y único acusado es el ex Presidente de la ESM, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones y conducta antieconómica.
El martes, Dalence prestó su declaración ante la Fiscalía e inmediatamente fue aprehendido. El jueves, el juez Carlos Guerrero, del juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, decidió otorgarle libertad condicional.
La Prensa se contactó con el ex Presidente de la ESM, pero él prefirió no dialogar vía telefónica. Sin embargo, en días pasados explicó que el monto de la compra fue autorizada por el Decreto Supremo 085, y que la negociación con los propietarios fue informada al Ministro de Minería, al Vicepresidente y al Presidente del Estado Plurinacional.
Flores agregó que en las más de 300 páginas entregadas a su despacho por el Ministerio de Transparencia, “dentro de los convenios que se han firmado, existen otras autoridades que han respaldado y han firmado las mismas”, es decir autorizaron la adquisición.
Ésta es la razón por la que el Fiscal decidió citar a 37 personas, entre ejecutivos de la ex Superintendencia Agraria, Forestal, miembros de los directorios de la Comibol, de la ESM, los dueños de los predios circundantes al Mutún y al Alcalde de Puerto Suárez.
Contradicciones sobre informe
La existencia de dos informes técnicos emitidos por la ex Superintendencia Agraria y las fechas de emisión generan contradicciones entre la Fiscalía; la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, y la actual Autoridad de Control y Fiscalización de Tierras y Bosques (ABT).
En una nota de prensa, la ABT precisa que “la única solicitud formal de información sobre consulta de valores referenciales de la tierra fue dirigida por la Comibol (Corporación Minera de Bolivia) a la extinta SIA (Superintendencia Agraria), en fecha 18 de marzo de 2009, solicitud que fue respondida mediante nota SUP AGRA I-TEC Nº 367/2009 de 26 de marzo de 2009”.
Por su parte, Suxo informó el jueves a La Prensa que su despacho hizo el pedido de la valuación ante la falta de esta información en la documentación que recibió de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM). Ayer, en conferencia de prensa, la autoridad informó que este documento “sale después del Decreto Supremo 085” que autorizó el desembolso de 15.271.200 bolivianos para la compra de las tierras. Ese decreto fue aprobado el 18 de abril de este año, después de la fecha que señala la ABT (26 de marzo).
Por otra parte, el fiscal asignado al caso, Prudencio Flores, dijo a este medio que desconoce el informe solicitado por el Ministerio de Transparencia y sólo vio el que pidió la Comibol a la ABT, sobre el que se investiga el nombre de quien hizo el pedido y a quién se remite.
Dicho informe es un documento técnico que establece el precio catastral de 46.311 dólares para la compra de 2.537 hectáreas para el proyecto del Mutún. Al parecer la falta de este documento generó el supuesto sobreprecio en la compra de los terrenos.
El Gobierno tomó en cuenta este informe para destituir a Guillermo Dalence como presidente del directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), bajo la presunción de que había adquirido los predios con sobreprecio.
En un documento, la ex Superintendencia Agraria fijó un valor de 46.311 dólares, pero el ex ejecutivo compró en 2,1 millones de dólares.
La reguladora informó ayer que “los referidos valores referenciales tuvieron un carácter estimativo que se basaban en criterios fijados en gabinete (oficina) para cada predio”, estableciendo así precios variables para cada predio que fluctuaban entre 19 y 254 bolivianos por hectárea.
La Fiscalía, por su lado, informó ayer que se pagaron 14 millones de bolivianos de los 15,2 millones destinados por el Decreto 085 para la compra de 2.537 hectáreas de tierras para el proyecto siderúrgico del Mutún y que existen resoluciones que autorizan la adquisición.
El fiscal Prudencio Flores no dio los nombres de los propietarios que recibieron el pago porque eso es lo que se investiga, además del número de propiedades adquiridas.
La compra de estos terrenos por Dalence fue denunciada ante el Ministerio Público por el Ministerio de Transparencia por supuesto sobreprecio. El principal y único acusado es el ex Presidente de la ESM, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones y conducta antieconómica.
El martes, Dalence prestó su declaración ante la Fiscalía e inmediatamente fue aprehendido. El jueves, el juez Carlos Guerrero, del juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, decidió otorgarle libertad condicional.
La Prensa se contactó con el ex Presidente de la ESM, pero él prefirió no dialogar vía telefónica. Sin embargo, en días pasados explicó que el monto de la compra fue autorizada por el Decreto Supremo 085, y que la negociación con los propietarios fue informada al Ministro de Minería, al Vicepresidente y al Presidente del Estado Plurinacional.
Flores agregó que en las más de 300 páginas entregadas a su despacho por el Ministerio de Transparencia, “dentro de los convenios que se han firmado, existen otras autoridades que han respaldado y han firmado las mismas”, es decir autorizaron la adquisición.
Ésta es la razón por la que el Fiscal decidió citar a 37 personas, entre ejecutivos de la ex Superintendencia Agraria, Forestal, miembros de los directorios de la Comibol, de la ESM, los dueños de los predios circundantes al Mutún y al Alcalde de Puerto Suárez.
Contradicciones sobre informe
La existencia de dos informes técnicos emitidos por la ex Superintendencia Agraria y las fechas de emisión generan contradicciones entre la Fiscalía; la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, y la actual Autoridad de Control y Fiscalización de Tierras y Bosques (ABT).
En una nota de prensa, la ABT precisa que “la única solicitud formal de información sobre consulta de valores referenciales de la tierra fue dirigida por la Comibol (Corporación Minera de Bolivia) a la extinta SIA (Superintendencia Agraria), en fecha 18 de marzo de 2009, solicitud que fue respondida mediante nota SUP AGRA I-TEC Nº 367/2009 de 26 de marzo de 2009”.
Por su parte, Suxo informó el jueves a La Prensa que su despacho hizo el pedido de la valuación ante la falta de esta información en la documentación que recibió de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM). Ayer, en conferencia de prensa, la autoridad informó que este documento “sale después del Decreto Supremo 085” que autorizó el desembolso de 15.271.200 bolivianos para la compra de las tierras. Ese decreto fue aprobado el 18 de abril de este año, después de la fecha que señala la ABT (26 de marzo).
Por otra parte, el fiscal asignado al caso, Prudencio Flores, dijo a este medio que desconoce el informe solicitado por el Ministerio de Transparencia y sólo vio el que pidió la Comibol a la ABT, sobre el que se investiga el nombre de quien hizo el pedido y a quién se remite.
Dicho informe es un documento técnico que establece el precio catastral de 46.311 dólares para la compra de 2.537 hectáreas para el proyecto del Mutún. Al parecer la falta de este documento generó el supuesto sobreprecio en la compra de los terrenos.
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