El Decreto Supremo 085, del 18 de abril de este año, firmado por el presidente interino de entonces Álvaro García Linera y el gabinete de ministros, avaló las gestiones del ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence para la negociación y pagos por la compra de 2.537.247 hectáreas de tierras.
La norma está firmada incluso por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, quien elaboró el informe que acusa al ex ejecutivo de la compra con sobreprecio de 18 predios para montar la infraestructura en la que se desarrollará el proyecto siderúrgico.
Dalence aseguró que el gabinete presidencial, el Directorio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Ministerio de Minería respaldaron las gestiones para la compra de los terrenos del Mutún y negó que exista sobreprecio.
La Prensa se comunicó al celular del presidente de Comibol, Hugo Miranda, quien señaló que “ésa es la versión de la ex autoridad”, pero no pudo responder a más consultas porque se encontraba de viaje en carretera. No se pudo ubicar a otras autoridades del Ministerio de Minería.
El desarrollo del proyecto siderúrgico del Mutún se hizo realidad en 2007 con la firma de un contrato de riesgo compartido con la firma india Jindal Steel and Power, que se comprometió a invertir 2.100 millones de dólares.
La negociación y los pagos para la adquisición de tierras para levantar la infraestructura están respaldados por el Decreto 085, firmado por Álvaro García Linera en su calidad de presidente interino y por el gabinete.
Dalence fue detenido el martes preventivamente por orden de la Fiscalía, que lo acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la compra de 18 terrenos aledaños al Mutún por un valor de 2.160.000 dólares pero que, de acuerdo con la ex Superintendencia Agraria, sólo costaban 46.311 dólares.
El también ex Ministro de Minería negó la semana pasada, en una entrevista con el programa televisivo Que no me pierda y con periodistas, que hubiese existido un sobreprecio en la negociación y ayer lo ratificó. Explicó que las gestiones para adquirir los predios fueron avaladas por el Directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún, el Directorio de la Comibol y los equipos jurídicos de la estatal minera, del Ministerio de Minería y del Palacio de Gobierno. “Un decreto, para ser firmado por el gabinete, tiene que tener soporte económico, informe técnico y financiero; todo ese trabajo se ha realizado”.
Además, los resultados de negociación fueron informados a la autoridades de manera constante. “La negociación del 15 de agosto del año pasado terminó con la firma de Guillermo Dalence; Juan Carlos Rojas, del INRA; representantes de la Superintendencia Agraria, de la Superintendencia Forestal y del ministerio de Minería”.
“El proceso de compra fue informado detalladamente no sólo al Directorio de ESM, sino al ministro de Minería, Alberto Echazú, a la Comibol, al vicepresidente Álvaro García Linera y también al presidente Evo Morales”.
La negociación por la compra de predios inició en mayo del año pasado y terminó en agosto, pero entró en vigencia en abril de este año cuando se hicieron los pagos.
Sin embargo, ayer en una entrevista con El Deber, Dalence puntualizó que en marzo de este año la Comibol recibió información de la Superintendencia Agraria acerca de que los terrenos valían 46.000 dólares.
“Esa información nosotros no la habíamos conocido hasta ahora que la hemos visto en la carpeta de la Fiscalía”.
A pesar de esto, dijo, el 30 de marzo el Directorio de Comibol “ha resuelto que todo lo que yo había obrado estaba correctamente hecho”.
Dalence prestó ayer declaraciones ampliatorias ante el Ministerio Público y hoy se llevará adelante la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, de la juez Marcela Siles.
El miembro del Directorio de la ESM José Padilla señaló que Dalence, como presidente de la empresa, no tenía ninguna atribución para negociar la adquisición de tierras porque ésa es una tarea de Comibol. Recordó que cuando se le consultó sobre esta situación salió al paso señalando que contaba con un poder de la compañía estatal.
El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Santander, explicó que el ex ejecutivo de la ESM falseó información. Por ejemplo, con un acta notariada presentada al presidente Evo Morales el 11 de mayo “le hizo creer” que todos los terrenos estaban saneados cuando aún faltaban tres, entre ellos el de Santa María y la empresa Ongole.
Además, cuando se autorizó la expropiación, Dalence se dedicó a la negociación con los dueños de 19 propiedades que no tenían problemas.
Agregó que en esta tarea “quien puso el precio fue Dalence”, y complementó que es el único que puede explicar por qué se pago el monto definitivo.
En la entrevista en el programa Que no me pierda de la semana pasada, Dalence complementó que para comprar la totalidad de los predios del Mutún aún falta desembolsar cuatro millones de bolivianos.
El Ministerio Público imputa a Dalence tres delitos
El Ministerio Público imputó al ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica y hoy deberá afrontar la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, a cargo de la juez Marcela Siles.
La audiencia debió realizarse ayer, pero el ex ejecutivo solicitó una ampliación de declaraciones ante el fiscal Prudencio Flores, quien postergó en 24 horas la definición de su posible detención en la cárcel de San Pedro.
El martes, después de presentar su declaración informativa inicial, Dalence quedó detenido por orden del Fiscal, quien encontró indicios de responsabilidad en el presunto sobreprecio de 18 predios expropiados a los propietarios de los terrenos en los que se debe desarrollar el proyecto siderúrgico del Mutún en Puerto Suárez.
Estas propiedades fueron entregadas posteriormente a la empresa Jindal Steel, con la cual el Estado tiene suscrito un contrato de riesgo compartido para impulsar la explotación de hierro.
Según el fiscal al cargo del caso, Prudencio Flores, la solicitud de detención se hizo después de considerar la posibilidad de fuga y de que exista obstaculización de la investigación.
En la audiencia de hoy, la juez Marcela Siles deberá evaluar las pruebas que presentará el Ministerio Público para sustentar su acusación y determinará si envía a Dalence a la cárcel de San Pedro de La Paz o simplemente ordena su detención domiciliaria.
El ex ejecutivo ocupó el cargo de presidente de la Empresa Siderúrgica el Mutún (ESM) desde el 6 de abril de 2008. Sin embargo, a
raíz de las denuncias de irregularidades formuladas por el Comité Cívico de Puerto Suárez, el presidente Evo Morales decidió su destitución y ordenó que el Ministerio de Transparencia abriera una investigación.
Luego de escuchar las declaraciones ampliatorias de Dalence, el fiscal Flores adelantó que citará a 18 personas, entre ellas los miembros del Directorio de la Compañía Minera de Bolivia (Comibol), de la ESM, el Alcalde de Puerto Suárez y representantes de la Federación de Ganaderos. Las otras irregularidades denunciadas en contra del ex ejecutivo tienen relación con la falta de fiscalización sobre el proyecto del Mutún.
Jindal invirtió menos de $us 15 millones
El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún Guillermo Dalence aseguró que hasta el momento la empresa Jindal ha invertido menos de 15 millones de dólares en el proyecto y no tiene la obligación de ejecutar un monto anual determinado.
El contrato con la empresa india establece que en una primera fase de cinco años debe ejecutar 1.500 millones de dólares y en los posteriores tres años completar los 2.100 millones comprometidos para desarrollar el proyecto de explotación de hierro.
En una entrevista con el programa televisivo de la red Uno Que no me pierda, la semana pasada, el ex ejecutivo señaló que la empresa india adquirió dos unidades de trituración de minerales de tres millones de dólares.
“Yo dije en algún momento que debía invertir 300 millones de dólares por año, pero en realidad la obligación es contar con el acumulado en cinco años”. Esto implica, por ejemplo, que un año invierte menos y en los siguientes más.
Por ello, dijo, el Directorio de la ESM considera necesario fijar montos para tener control y ejercer una mayor fiscalización.
El ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, en una entrevista con El Deber señaló que desde hace dos meses Jindal ha obstaculizado el avance del proyecto al plantear modificaciones al contrato, situación que es inaceptable porque está respaldado por una ley del Estado. La firma india pretendía modificar los montos de inversión, los tiempos de entrega, volúmenes y fases, que implicaba una variación al contrato de riesgo compartido suscrito en julio de 2007.
Según Echazú, este problema será subsanado porque esa empresa ha comenzado a entender la posición de las autoridades bolivianas y que hay la voluntad de que deben mantenerse las reglas del contrato.
El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Santander, explicó a La Prensa que el 30 de enero de este año Dalence recibió de la empresa Jindal una lista de las inversiones hechas hasta ese momento en el desarrollo del Mutún.
Este documento, sin embargo, no fue presentado al Directorio, hecho que generó un problema entre los directores y Dalence, quien pudo haber argumentado que estaba redactado en inglés.
Añadió que cuando se leyó el documento se evidenció que Jindal hizo figurar como inversiones una lista de las tareas conocidas como de responsabilidad social empresarial, entre ellas donaciones, tareas de fumigación o vacunas antirrábicas.
“Pensábamos que eran donaciones”, pero ahora el temor es que la Jindal las recupere del Estado bajo el concepto de inversión.
El miembro del Directorio de la ESM José Padilla informó que está pendiente una reunión para fijar fechas para la ejecución de las inversiones comprometidas.
El Decreto 0085
1.- “El presente decreto tiene por objeto autorizar a la Comibol, en el marco de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del PGN 2009, adquirir propiedades rurales en áreas circundantes y dentro del área del “contrato de Riesgo Compartido Mutún-RC”, sea como resultado de negociaciones directas o a título de expropiación, en sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley N.º 1777 de 17 de marzo de 1997, adquisición cuya superficie máxima será de 2.537.2447 ha y el monto no deberá exceder a 15.271.200 bolivianos”.
Parágrafo II: “El proceso de adquisición por parte de Comibol deberá contar con todos los sustentos técnicos, periciales, económicos y legales para cada propiedad, para lo cual la ESM deberá proporcionar toda la información pertinente, además, observará la normativa vigente que rige el manejo, control y fiscalización de recursos públicos”.
Más elementos
El Gobierno posesionará hoy a Sergio Alandia como nuevo presidente de la ESM.
El acto de posesión del nuevo ejecutivo se realizará en la localidad de Puerto Suárez.
Los cívicos de esa ciudad fronteriza fueron los más críticos con la gestión de Dalence.
Más datos
El ex ejecutivo de la ESM fue acusado de corrupción por la ministra Nardi Suxo.
El Ministerio de Transparencia presentó un informe en contra de Dalence.
El Gobierno, tras conocer el documento, destituyó al entonces ejecutivo de sus funciones.
La norma está firmada incluso por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, quien elaboró el informe que acusa al ex ejecutivo de la compra con sobreprecio de 18 predios para montar la infraestructura en la que se desarrollará el proyecto siderúrgico.
Dalence aseguró que el gabinete presidencial, el Directorio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Ministerio de Minería respaldaron las gestiones para la compra de los terrenos del Mutún y negó que exista sobreprecio.
La Prensa se comunicó al celular del presidente de Comibol, Hugo Miranda, quien señaló que “ésa es la versión de la ex autoridad”, pero no pudo responder a más consultas porque se encontraba de viaje en carretera. No se pudo ubicar a otras autoridades del Ministerio de Minería.
El desarrollo del proyecto siderúrgico del Mutún se hizo realidad en 2007 con la firma de un contrato de riesgo compartido con la firma india Jindal Steel and Power, que se comprometió a invertir 2.100 millones de dólares.
La negociación y los pagos para la adquisición de tierras para levantar la infraestructura están respaldados por el Decreto 085, firmado por Álvaro García Linera en su calidad de presidente interino y por el gabinete.
Dalence fue detenido el martes preventivamente por orden de la Fiscalía, que lo acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la compra de 18 terrenos aledaños al Mutún por un valor de 2.160.000 dólares pero que, de acuerdo con la ex Superintendencia Agraria, sólo costaban 46.311 dólares.
El también ex Ministro de Minería negó la semana pasada, en una entrevista con el programa televisivo Que no me pierda y con periodistas, que hubiese existido un sobreprecio en la negociación y ayer lo ratificó. Explicó que las gestiones para adquirir los predios fueron avaladas por el Directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún, el Directorio de la Comibol y los equipos jurídicos de la estatal minera, del Ministerio de Minería y del Palacio de Gobierno. “Un decreto, para ser firmado por el gabinete, tiene que tener soporte económico, informe técnico y financiero; todo ese trabajo se ha realizado”.
Además, los resultados de negociación fueron informados a la autoridades de manera constante. “La negociación del 15 de agosto del año pasado terminó con la firma de Guillermo Dalence; Juan Carlos Rojas, del INRA; representantes de la Superintendencia Agraria, de la Superintendencia Forestal y del ministerio de Minería”.
“El proceso de compra fue informado detalladamente no sólo al Directorio de ESM, sino al ministro de Minería, Alberto Echazú, a la Comibol, al vicepresidente Álvaro García Linera y también al presidente Evo Morales”.
La negociación por la compra de predios inició en mayo del año pasado y terminó en agosto, pero entró en vigencia en abril de este año cuando se hicieron los pagos.
Sin embargo, ayer en una entrevista con El Deber, Dalence puntualizó que en marzo de este año la Comibol recibió información de la Superintendencia Agraria acerca de que los terrenos valían 46.000 dólares.
“Esa información nosotros no la habíamos conocido hasta ahora que la hemos visto en la carpeta de la Fiscalía”.
A pesar de esto, dijo, el 30 de marzo el Directorio de Comibol “ha resuelto que todo lo que yo había obrado estaba correctamente hecho”.
Dalence prestó ayer declaraciones ampliatorias ante el Ministerio Público y hoy se llevará adelante la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, de la juez Marcela Siles.
El miembro del Directorio de la ESM José Padilla señaló que Dalence, como presidente de la empresa, no tenía ninguna atribución para negociar la adquisición de tierras porque ésa es una tarea de Comibol. Recordó que cuando se le consultó sobre esta situación salió al paso señalando que contaba con un poder de la compañía estatal.
El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Santander, explicó que el ex ejecutivo de la ESM falseó información. Por ejemplo, con un acta notariada presentada al presidente Evo Morales el 11 de mayo “le hizo creer” que todos los terrenos estaban saneados cuando aún faltaban tres, entre ellos el de Santa María y la empresa Ongole.
Además, cuando se autorizó la expropiación, Dalence se dedicó a la negociación con los dueños de 19 propiedades que no tenían problemas.
Agregó que en esta tarea “quien puso el precio fue Dalence”, y complementó que es el único que puede explicar por qué se pago el monto definitivo.
En la entrevista en el programa Que no me pierda de la semana pasada, Dalence complementó que para comprar la totalidad de los predios del Mutún aún falta desembolsar cuatro millones de bolivianos.
El Ministerio Público imputa a Dalence tres delitos
El Ministerio Público imputó al ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica y hoy deberá afrontar la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, a cargo de la juez Marcela Siles.
La audiencia debió realizarse ayer, pero el ex ejecutivo solicitó una ampliación de declaraciones ante el fiscal Prudencio Flores, quien postergó en 24 horas la definición de su posible detención en la cárcel de San Pedro.
El martes, después de presentar su declaración informativa inicial, Dalence quedó detenido por orden del Fiscal, quien encontró indicios de responsabilidad en el presunto sobreprecio de 18 predios expropiados a los propietarios de los terrenos en los que se debe desarrollar el proyecto siderúrgico del Mutún en Puerto Suárez.
Estas propiedades fueron entregadas posteriormente a la empresa Jindal Steel, con la cual el Estado tiene suscrito un contrato de riesgo compartido para impulsar la explotación de hierro.
Según el fiscal al cargo del caso, Prudencio Flores, la solicitud de detención se hizo después de considerar la posibilidad de fuga y de que exista obstaculización de la investigación.
En la audiencia de hoy, la juez Marcela Siles deberá evaluar las pruebas que presentará el Ministerio Público para sustentar su acusación y determinará si envía a Dalence a la cárcel de San Pedro de La Paz o simplemente ordena su detención domiciliaria.
El ex ejecutivo ocupó el cargo de presidente de la Empresa Siderúrgica el Mutún (ESM) desde el 6 de abril de 2008. Sin embargo, a
raíz de las denuncias de irregularidades formuladas por el Comité Cívico de Puerto Suárez, el presidente Evo Morales decidió su destitución y ordenó que el Ministerio de Transparencia abriera una investigación.
Luego de escuchar las declaraciones ampliatorias de Dalence, el fiscal Flores adelantó que citará a 18 personas, entre ellas los miembros del Directorio de la Compañía Minera de Bolivia (Comibol), de la ESM, el Alcalde de Puerto Suárez y representantes de la Federación de Ganaderos. Las otras irregularidades denunciadas en contra del ex ejecutivo tienen relación con la falta de fiscalización sobre el proyecto del Mutún.
Jindal invirtió menos de $us 15 millones
El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún Guillermo Dalence aseguró que hasta el momento la empresa Jindal ha invertido menos de 15 millones de dólares en el proyecto y no tiene la obligación de ejecutar un monto anual determinado.
El contrato con la empresa india establece que en una primera fase de cinco años debe ejecutar 1.500 millones de dólares y en los posteriores tres años completar los 2.100 millones comprometidos para desarrollar el proyecto de explotación de hierro.
En una entrevista con el programa televisivo de la red Uno Que no me pierda, la semana pasada, el ex ejecutivo señaló que la empresa india adquirió dos unidades de trituración de minerales de tres millones de dólares.
“Yo dije en algún momento que debía invertir 300 millones de dólares por año, pero en realidad la obligación es contar con el acumulado en cinco años”. Esto implica, por ejemplo, que un año invierte menos y en los siguientes más.
Por ello, dijo, el Directorio de la ESM considera necesario fijar montos para tener control y ejercer una mayor fiscalización.
El ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, en una entrevista con El Deber señaló que desde hace dos meses Jindal ha obstaculizado el avance del proyecto al plantear modificaciones al contrato, situación que es inaceptable porque está respaldado por una ley del Estado. La firma india pretendía modificar los montos de inversión, los tiempos de entrega, volúmenes y fases, que implicaba una variación al contrato de riesgo compartido suscrito en julio de 2007.
Según Echazú, este problema será subsanado porque esa empresa ha comenzado a entender la posición de las autoridades bolivianas y que hay la voluntad de que deben mantenerse las reglas del contrato.
El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Santander, explicó a La Prensa que el 30 de enero de este año Dalence recibió de la empresa Jindal una lista de las inversiones hechas hasta ese momento en el desarrollo del Mutún.
Este documento, sin embargo, no fue presentado al Directorio, hecho que generó un problema entre los directores y Dalence, quien pudo haber argumentado que estaba redactado en inglés.
Añadió que cuando se leyó el documento se evidenció que Jindal hizo figurar como inversiones una lista de las tareas conocidas como de responsabilidad social empresarial, entre ellas donaciones, tareas de fumigación o vacunas antirrábicas.
“Pensábamos que eran donaciones”, pero ahora el temor es que la Jindal las recupere del Estado bajo el concepto de inversión.
El miembro del Directorio de la ESM José Padilla informó que está pendiente una reunión para fijar fechas para la ejecución de las inversiones comprometidas.
El Decreto 0085
1.- “El presente decreto tiene por objeto autorizar a la Comibol, en el marco de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del PGN 2009, adquirir propiedades rurales en áreas circundantes y dentro del área del “contrato de Riesgo Compartido Mutún-RC”, sea como resultado de negociaciones directas o a título de expropiación, en sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley N.º 1777 de 17 de marzo de 1997, adquisición cuya superficie máxima será de 2.537.2447 ha y el monto no deberá exceder a 15.271.200 bolivianos”.
Parágrafo II: “El proceso de adquisición por parte de Comibol deberá contar con todos los sustentos técnicos, periciales, económicos y legales para cada propiedad, para lo cual la ESM deberá proporcionar toda la información pertinente, además, observará la normativa vigente que rige el manejo, control y fiscalización de recursos públicos”.
Más elementos
El Gobierno posesionará hoy a Sergio Alandia como nuevo presidente de la ESM.
El acto de posesión del nuevo ejecutivo se realizará en la localidad de Puerto Suárez.
Los cívicos de esa ciudad fronteriza fueron los más críticos con la gestión de Dalence.
Más datos
El ex ejecutivo de la ESM fue acusado de corrupción por la ministra Nardi Suxo.
El Ministerio de Transparencia presentó un informe en contra de Dalence.
El Gobierno, tras conocer el documento, destituyó al entonces ejecutivo de sus funciones.
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