domingo, 22 de marzo de 2009

ENTREVISTA: Minería privada en riesgo de extinguirse


Dr. Gonzalo Quintela Gómez, Presidente de la Cámara de Minería de Oruro:

• Hay dudas sobre la aplicación de nuevas normas para concesiones mineras.

Con la vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado, NCPE en materia de minería y en este campo específico el respeto a la propiedad privada y las normas de seguridad jurídica que son deseables para invertir y asegurar fuentes de empleo, se han convertido ahora en preocupación del sector privado de la minería, la mediana y especialmente la chica.

Si bien se tardará un año en la migración de contratos y regularización de las concesiones mineras, persisten algunas muestras de lo que significará más adelante la vigencia de disposiciones que no aclaradas y reglamentadas en forma conveniente pueden desactivar todo el sistema productivo de la minería.

Bajo estas condiciones de incertidumbre logramos la opinión del Dr. Gonzalo Quintela (GQ) Presidente de la Cámara Departamental de Minería que como siempre y con la amabilidad que le caracteriza responde a las interrogantes de Perspectiva Minera (PM).

- PM.- Dadas las actuales condiciones de aplicación de normas contenidas en la NCPE, ¿cree usted que se dispondrán algunas ventajas para el sector minero privado desde las esferas gubernamentales?

- GQ.- Lo cierto es que la minería chica no ha recibido apoyo alguno del Gobierno y esa ausencia de apoyo es consecuencia de la liquidación del Banco Minero de Bolivia que aconteció en 1991 en la gestión del Presidente Jaime Paz Zamora. Desde entonces hemos pedido a su turno a cada gobierno que vean la necesidad de crear una institución financiera de fomento como era el Banco Minero, simplemente no hemos tenido respuesta de ningún gobierno y menos del actual que encabeza Don Evo Morales, que sólo ha favorecido a mineros cooperativistas con la entrega de maquinarias, recursos de soporte financiero pero lamentablemente a la minería chica no ha llegado absolutamente nada.

- PM.- Las nuevas disposiciones contendidas en la NCPE, abren posibilidades para el desarrollo de las actividades mineras y bajo qué seguridades?

- GQ.- La nueva Constitución tiene cambio sustancial en el régimen minero, en la anterior el art 136 reconoce el derecho y patrimonio sobre las sustancias concedidas en el suelo y subsuelo del Estado boliviano y este mediante ley especial transfiere esas facultades a los particulares para que ellos puedan realizar la explotación de los recursos naturales, de ahí nace el derecho concesionario minero… pero en la Constitución que ha sido aprobada con un último referéndum, el art 349 de la nueva norma refiere que las sustancias naturales contenidas en el suelo y el subsuelo son de propiedad y dominio directo, imprescriptible, indivisible del pueblo boliviano y el Estado administrará estos recursos para fines de orden social. Como verá la situación de la minería chica ha cambiado y prácticamente el derecho concesionario minero ha desaparecido, no hay más esa norma para el sector. Una prueba de la aplicación radical de nuevas normas es que desde enero que se aprobó la NCPE, tres concesiones mineras ya han sido revertidas. Es una posición radical y desde cierto punto de vista absurdo.

- PM.- Dr. esto significa que la minería chica quedaría en total desamparo y despojada de las concesiones que estaba explotando, empero se sabe de una carta que el Ministro de Minería envió a la Cámara que Ud. preside y garantiza la propiedad privada, se trata de una contradicción o estamos entendiendo mal la situación de la minería y las concesiones.

- GQ.- Justamente quería explicar lo que menciona y es que el sector radical del Gobierno piensa que desde la aplicación de la Constitución y que dispone la reversión de concesiones mineras, tal proceso ya debe llevarse a efecto y no es así. Nosotros (mineros chicos) hemos sostenido en un último congreso del sector, que se produjo en diciembre del año pasado, que de aprobarse la norma deberá cumplirse una disposición conexa que otorga el tiempo de un año para la migración de contratos que deben suscribirse con la Comibol y adecuarse al nuevo régimen jurídico, pero con disposiciones legales.

- PM.- Se refiere a la vigencia del Congreso, un Tribunal Constitucional u otras instancias?.

- GQ.- Es lo correcto, primero deben organizarse los órganos legislativo y ejecutivo para que el primero proyecte la ley que sustituirá al actual Código Minero y aprobará las condiciones de migración de contratos para que después el ejecutivo apruebe el nuevo sistema y estamos aguardando que todo eso ocurra en los tiempos señalados… eso significa que en la práctica hay que esperar la elección de diciembre cuando sean designados otros parlamentarios y parece que eso es lo que ha percibido el actual ministro de minería cuando en su nota nos indica claramente que “la migración a contratos no supone la pérdida de los derechos adquiridos por los operadores, recalcando que el trato con el sector minero privado chico tendrá una característica similar …(?) debido a la homogeneidad del sector”. Algo importante de nuestra parte es que no podemos admitir la desaparición del derecho concesionario minero, en tal virtud los derechos preconstituidos existen y no pueden ser borrados de un plumazo.

- PM.- En la realidad sucede que los mineros chicos y posiblemente medianos tendrán que esperar las nuevas elecciones y algún tiempo más para tener las reglas apropiadas para el desarrollo de actividades mineras, en tanto qué sucederá si no hay seguridad y apoyo financiero.

- GQ.- Estamos librados a la suerte considerando que se trata de un año electoral, periodo en el que seguro que recibiremos todo tipo de ofertas por parte de los candidatos, pero claro está que desde el oficialismo se asegurará la dotación de tierras y derecho propietarios a los campesinos, los mineros estarán en espera, con serios problemas financieros que no permiten reactivar el sector se reduce diariamente, nuestros asociados prefieren dedicarse a otras actividades y el riesgo es enorme para el futuro de la minería. Hay ejemplos de políticas mineras como las del Perú o Chile que tienen disposiciones de fomento a la minería en general y mayormente a la de pequeña escala como la minería chica en Bolivia, en esos países se protegen las inversiones y no se permite que las operaciones bajen, al contrario en tiempo de dificultades se disponen medidas de emergencia para que la minería siga operando. Aprovecho la circunstancia de la presente entrevista para hacer conocer a los industriales mineros que todavía tenemos opciones para salvar nuestras concesiones mineras, su reversión no se producirá de inmediato, tenemos que esperar que se dicte una nueva Ley de Minería en sustitución de la actual.

- PM.- Hay esperanzas, pero sucede que el estratégico sector de la minería que es generador de divisas para el país, está atravesando por un periodo crítico que se complica con la fase que Ud. menciona para la apropiación de las nuevas reglas de juego, esto significa que habrá un bajón en la producción minera?

- GQ.- El asunto es así de claro, no obstante que la NCPE ya ha sido aprobada y las condiciones de la minería han cambiado, se observa que las condiciones de la minería chica no han cambiado, sigue en desamparo sin soluciones y sin la reposición de un ente de apoyo financiero para apoyar su trabajo, pero todavía no sucede nada de lo que deseamos y esto por desconocimiento de un elemento joven que trabaja en el Ministerio y que desconoce la realidad del sector…eso hemos comprobado en las mismas dependencias ministeriales donde muchos de los funcionarios han vivido fuera del país y no saben lo que realmente significa la minería. Se necesita con urgencia de apoyo financiero para salvar la minería y promover tal movimiento debe ser responsabilidad del gobierno que debe devolver las ventajas que en otro tiempo tenían los mineros para fortalecer la economía nacional. Lo que debo alertar es que si el Gobierno no dicta disposiciones apropiadas, la minería privada corre el grave riesgo de desaparecer con las contingencias negativas para miles de trabajadores y la disminución de ingresos para el país y las regiones.

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