martes, 30 de diciembre de 2008

Trabajo declara ilegales los despidos de Sinchi Wayra

El Ministerio del Trabajo declaró ilegales los 1.277 memorandos de despido y cartas de preaviso emitidos por la empresa Sinchi Wayra, según informó una fuente reservada de esa secretaría de Estado, lo que fue confirmado ayer por el secretario de Vivienda de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Cecilio Gonzales.

Una fuente de esa cartera explicó que la decisión obedece a que el Gobierno se autoimpuso la tarea de garantizar la estabilidad laboral en el país.

El Ministro de Minería convocó a los ejecutivos de Sinchi Wayra a bajar costos administrativos para frenar los despidos, en tanto que la organización gremial del sector anunció la toma pacífica del “aparato productivo” si la transnacional demuestra encontrarse en quiebra y exigirá, en tal escenario, al Gobierno la reversión a dominio del Estado de las 11 operaciones que actualmente ejecuta la empresa en el país.

De acuerdo con datos oficiales publicados en la página de internet, Sinchi Wayra cuenta con 3.500 trabajadores. La Prensa informó el sábado 27 que de ese total, 1.277 fueron echados o recibieron cartas de preaviso de despido.

“Las cosas han cambiado en el mundo y, especialmente, en Bolivia”. Bajo ese argumento, el ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, aseguró ayer que “los trabajadores no tienen que pagar” las consecuencias de la crisis, por lo que demandó a los ejecutivos de la filial boliviana de la Glencore “ajustar sus costos de producción”, antes que despedir gente.

Echazú informó que los representantes de la compañía aceptaron dialogar sobre la situación, porque “debemos discutir los temas técnicos y los costos administrativos”. Acusó a la empresa, la segunda más importante del país después de San Cristóbal, de tener costos administrativos “muy altos, que realmente tienen que bajar”.

En forma coincidente con ese criterio, el secretario de Vivienda de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Cecilio Gonzales, denunció que en el caso de Colquiri, que genera utilidades mensuales por 11 millones de dólares, el 10 por ciento se destina a las dietas y pagos a los ejecutivos.

“Entre un 25 y 30 por ciento de la planta administrativa de la empresa está compuesto por peruanos, incluso contrariamente a lo que dispone la Ley General del Trabajo”. Gonzales refirió que la situación se repite en los nueve distritos de la compañía.

A invitación de las autoridades nacionales, el próximo 2 de enero, delegados gubernamentales se reunirán con representantes de la parte patronal y dirigentes.

Ante la consulta de La Prensa en torno al asunto, la recepcionista de Sinchi Wayra refirió que “no habrá un pronunciamiento oficial sobre tema alguno”.

La reversión

Los dirigentes de la FSTMB resolvieron, en consenso con los secretarios generales de los sindicatos de esa firma privada, tomar “el aparato productivo” de todas las minas y generadoras en caso de que se demuestre materialmente la quiebra y, en tal escenario, apuntó Gonzales, el Gobierno debería revertir a propiedad del Estado todas las instalaciones industriales para su aprovechamiento inmediato.

“La verdad es que no resultaría conveniente que los trabajadores tomemos el control de las operaciones productivas para convertirnos en una cooperativa. Ese sistema no funcionaría, porque enfrentaríamos el peligro de ser avasallados por otros cooperativistas o por el sector agrario asentado en las proximidades de cada mina, como sucedió en otros lugares”.

Los datos

Sinchi Wayra es la filial boliviana de la transnacional suiza Glencore AG.

El paquete accionario pertenece en su integridad a esta compañía desde 2005.

La anterior propietaria fue la firma Comsur, del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La empresa da empleo a 3.500 obreros en 11 operaciones mineras en el país.

Los ejecutivos tienen listo un paquete de 1.277 despidos directos e indirectos.

Los trabajadores se preparan para iniciar un plan de lucha contra esa iniciativa.

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